martes, 18 de julio de 2017

Conciencia social



Vivir en sociedad implica una serie de derechos fundamentales que figuran en la Constitución en su título I, capítulo primero, la cual incluye también algunos deberes de los que no más de dos son exigibles coercitivamente: el servicio militar obligatorio –hoy eliminado- y el pago de impuestos.

Cuando se trata de exigir derechos, lo normal es que nadie se quede corto; bien al contrario, todos tendemos a ampliar los constitucionales, especialmente si de prestaciones económicas se trata. Queremos que sean generosas y de fácil disponibilidad. Que el Estado sea un buen pagador. Pero el Estado no es una especie de mago capaz de multiplicar los recursos. En realidad es solo un administrador de los medios que recauda. Cuando se le pide una prestación, se la estamos haciendo a todos los españoles.

Este planteamiento que es de una claridad meridiana, no siempre guía la actuación de los ciudadanos, lo que evidencia una falta de conciencia social. Solemos pedir a la Administración gastos sin límite y a la vez, hacemos cuanto sea o pueda parecer legal para restringir nuestras obligaciones con ella.

Semejante trato diferenciado se pone de relieve en numerosas ocasiones. A título de ejemplo, si para construir una vía pública hay que expropiar una determinada parcela cuyo propietario apenas se acordaba de aquel monte a matorral, de repente adquiere un valor como si en él se criasen trufas, y exige una indemnización correspondiente, aun a costa de interponer cuantos recursos permita la ley para imponer su criterio.

Si esta persona. por ser fumadora, contrajese un cáncer de pulmón, consideraría normal y justo que tanto las operaciones quirúrgicas como el tratamiento quimioterápico o radioterápico y los más recientes medicamentos sean de calidad y totalmente gratuitos.

Bien es verdad que la contraparte –Hacienda- no es ajena ni inocente de que la mentalidad insolidaria exista en la realidad. Al contrario, se la acusa con razón de prácticas en las que la ética brilla por su ausencia, tanto por lo que se refiere a la recaudación como a la equidad de las operaciones del gasto público,

El honrado contribuyente que cumple a rajatabla sus deberes tributarios se siente ofendido y maltratado cuando el Gobierno autoriza una amnistía fiscal que premia a defraudadores y evasores, con posibles cuentas en paraísos fiscales.

Este mismo contribuyente se rebela contra el empleo perdido de 60.000 millones de euros en el rescate de las cajas de ahorros que el Banco de España acaba de anunciar con la tranquilidad de que el asunto no va con él. Como si nada hubiera tenido que ver con él el descalabro. Las mismas entidades que incluían en sus hipotecas la cláusula suelo y la negativa a reconocer el derecho a la dación en pago.

A quien abona puntualmente sus cargas fiscales tiene que parecerle acertado que el ministro de Hacienda haga pública la lista de personas que hicieron de alarde fortuna y siguen viviendo en la abundancia mientras se olvidan de pagar sus impuestos, originando en conjunto una deuda de superior a 15.400 millones de euros a cargo de más de 4.540 morosos. Inevitablemente surge la duda de si Hacienda hace uso de los medios que tiene a su alcance para hacer efectivo el cobro de la deuda. Al parecer, tener un elevado nivel de vida no es incompatible con adeudar millones de euros.

La enseñanza que todos podemos extraer de lo antedicho es que el Estado y la ciudadanía tenemos mucho que mejorar en beneficio común porque todos formamos parte de la sociedad.

lunes, 10 de julio de 2017

Bueno después de muerto



La muerte es el acontecimiento más decisivo de la vida. Ante ella quedamos atónitos, sin palabras porque todo está dicho, sobre todo cuando afecta a un familiar o amigo íntimo. No obstante, cuando la persona fallecida es de gran renombre, siempre es posible hilar alguna reflexión sobre las circunstancias que rodearon su vida y su despedida.
Tal ocurre con respecto al óbito de quienes desempeñaron un importante papel en la política como ocurre en el caso del excanciller alemán Helmut Kohl que fue figura clave de acontecimientos trascendentales en la historia europea de los últimos decenios del siglo pasado, cuya defunción tuvo lugar el 16 de junio de 2017, a los 87 años de edad.
Alcanzó el poder en 1982 y se mantuvo en él 16 años. A él se debe en buena parte la unificación alemana, favorecida por las buenas relaciones con Gorbachov, la creación del euro, el fortalecimiento del eje francoalemán, indispensable para la supervivencia de la UE, y por último, la adhesión de Portugal y España en 1986, que le concedió el premio Príncipe de Asturias.
En medio de tan brillante historial tuvo la debilidad de cometer un error que el Código penal considera delito. El 18 de enero de 2000, el ya excanciller se vio obligado por sus correligionarios de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) a dimitir de la presidencia honorífica, acusado de haber recibido donativos ilegales para su partido -que en principio negó- , entre otros del traficante de armas bávaro Karlheinz Schreiber que así pagaba el favor que se le había hecho al autorizarle una exportación de material bélico. A la renuncia de su presidencia honorífica, que tuvo el aspecto de una destitución pública, le siguió dos días después el suicidio de Wolfgang Hüler, encargado de finanzas del mismo partido. Un Bárcenas con peor suerte.
Los últimos años de Kohl fueron aciagos. Con mal estado de salud –se desplazaba en silla de ruedas-, abandonado de los suyos y separado de sus dos hijos por desavenencias con la segunda esposa de su padre.
Como desquite, dejó ordenado que no se le tributasen honras fúnebres en Berlín y que el funeral de Estado se celebrara en el Parlamento Europeo -un honor inédito- en Estrasburgo, la ciudad alsaciana a orillas del Rhin, en territorio francés. El funeral tuvo lugar el 1 de julio en presencia de veinte líderes políticos y altos representantes de numerosos Estados. Asistimos a un caso de tantos en que es preciso morir para que sean reconocidos los méritos del difunto.
La trayectoria del canciller alemán nos enseña que lo más difícil es cumplir la sentencia que Shakespeare puso como título de su comedia “Bien está lo que bien acaba” porque a lo largo de la vida son muchas las tentaciones en que podemos caer y cometer errores a veces irreparables.
Estas situaciones nos llevan a las imperfecciones de que adolece la justicia humana en sus aplicaciones prácticas. Puede una persona tener un historial limpio de toda mancha, haber realizado acciones importantes a favor de la colectividad y haber obtenido notables éxitos políticos. Si en un momento determinado comete un acto deshonroso cuya gravedad no voy a enjuiciar, todas las buenas obras quedan borradas y la justicia, implacable, le juzgará y condenará como si aquellas obras no hubieran existido. Pongamos el supuesto de un ciudadano que siempre hubiera cumplido ejemplarmente sus deberes tributarios, que años después se descubre que ocultó al fisco una operación mercantil. Si los hechos configurasen un delito fiscal sería condenado a varios años de prisión, sin que sirviera de atenuante lo ocurrido anteriormente.
Es la traducción al plano judicial de la doctrina católica de que un solo pecado mortal recibe como castigo la llama eterna del infierno. Algo difícil de entender, y sobre todo tratándose de justicia divina que se supone carente de cualquier clase de imperfección.

sábado, 1 de julio de 2017

España diferente



La frase “España es diferente” que fue atribuida a Fraga como un eslogan turístico vale también para designar ciertos aspectos de nuestra idiosincrasia. Me refiero concretamente a la permanencia de actitudes y juicios −mejor diríamos prejuicios− sobre la guerra civil y la dictadura subsiguiente. Habiendo transcurrido ochenta y un años desde el comienzo de la contienda fratricida, mal llamada cruzada, sigue siendo un tema tabú, capaz de encrespar los ánimos y hacer difícil una conversación serena y desapasionada entre amigos de distinta ideología.
Buena parte de la culpa la tienen los gobiernos que surgieron de la transición política que, por un lado le prestan escasa atención en los textos escolares, en los que existen muchos espacios en blanco, y por otro, cierran a cal y canto los archivos históricos a los investigadores, los cuales han de valerse de los documentos desclasificados por otros países. En gran parte de los Estados de nuestro entorno existen leyes con determinación de plazos que oscilan entre 25 y 50 años para hacer públicos documentos clasificados. En España se tramitó en 1968 la discusión parlamentaria de la Ley de Secretos Oficiales sin que los legisladores se pusieran de acuerdo en aprobarla e insertarla en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. En la tramitación legal de esta cuestión España hace honor al eslogan citado. Muchos episodios de nuestra historia reciente permanecen oscuros por falta de información documentada que los ratifique o rectifique.
Esta carencia impide conocer cómo fueron gestionados determinados acontecimientos y las decisiones que los hicieron posibles, a pesar de afectar a nuestras vidas. Pongamos el ingreso de España en la OTAN como único ejemplo.
Si desde que lo dijo San Pablo se admite que la verdad nos hace libres, yo creo que también nos hará tolerantes, comprensivos, indulgentes, y ello nos predispondrá a una auténtica reconciliación cuando admitamos que quienes lucharon y murieron en los dos bandos dieron su vida por la patria en las trincheras o en la retaguardia con el propósito de que pudiéramos vivir todos en paz y armonía, independientemente de las opiniones que cada uno pudiera defender.
Tenemos el deber de conseguir que su sacrificio no haya sido en vano y terminar de una vez con la clasificación de caídos por la patria y enemigos de la patria, en la escasa medida en que aun podamos restituir el honor a los segundos, marcados por el olvido y el oprobio con que el régimen de Franco trató a los vencidos y los gobiernos que le sucedieron fueron ciegos y sordos ante el clamor de la injusticia.
A los del bando vencedor se les distinguió como excombatientes, caballeros mutilados y excautivos y se le otorgaron honores y privilegios para el empleo: para los perdedores, abandono e indiferencia por su futuro. Semeja desprecio añadido a la muerte la negativa a exhumarlos de las fosas comunes en que fueron arrojados, fuera de los cementerios. Suena a ensañamiento negar a los familiares el último consuelo de identificar a sus deudos y darles cristiana sepultura. No se trata de abrir viejas heridas sino de clausurar una etapa dolorosa de nuestra historia.
Es raro que sobreviva algún excombatiente, y también habrán fallecido la mayoría de sus hijos. No deberíamos demorar más la hora de la misericordia haciendo honor a la dedicación de este año proclamada por el Papa Francisco.

domingo, 25 de junio de 2017

Balance de la crisis



    Pasados diez años desde que aparecieron los primeros signos de la crisis económica mundial que tan duramente golpeó a nuestro país, es oportuno hacer un somero balance siquiera provisional de los efectos causados, como si de un huracán se tratase.
    En el presente año 2017, el Gobierno del PP desde 2012 se felicita por la política seguida a la que atribuye la recuperación de  determinadas macromagnitudes entre las que destaca el crecimiento del PIB que ha vuelto a niveles de precrisis, la disminución del paro y el crecimiento de las exportaciones.
    A que este resultado fuera posible contribuyeron diversos factores externos que incidieron favorablemente en la evolución económica y que poco tienen que ver  con la política ultraliberal del Gobierno. A este respecto es justo enumerar las decisiones del Banco Central Europeo que condujeron a la devaluación del euro frente al dólar, lo que impulsó las exportaciones, y la compra de deuda española que evitó el hundimiento de su cotización y redujo considerablemente el diferencial con respecto al bono alemán.
A estas decisiones hay que añadir la caída del precio del petróleo que redujo los costes productivos y mejoró la competitividad de nuestras exportaciones, la rebaja del tipo de interés que llegó a ser negativo y disminuyó el coste de la deuda; la inestabilidad política de varios países mediterráneos que desviaron el turismo hacia España hasta alcanzar el récord de 75 millones con ingresos superiores al 11% del PIB.
    A pesar de estas ayudas indirectas, el panorama socioeconómico dista mucho de ser  optimista. El paro sigue siendo muy excesivo y superior al de nuestros socios y es la principal preocupación de los españoles, tanto por su volumen como por la calidad del empleo creado. Es impropio llamar empleo a la ocupación por unas horas a la semana  aunque en la realidad se trabajen el doble y se cobre la mitad, temer que la relación laboral se rompa al terminar la Semana Santa o al finalizar agosto. En tales condiciones  el salario no permite salir de la pobreza. El empresario, amparado por la reforma laboral de 2012 le espeta al solicitante si quieres lo tomas y si no lo dejas, sabiendo que hay otros esperando a la cola.
    Hasta la Comisión Europea que vigila nuestras cuentas se permitió apagar el entusiasmo de nuestro ministro de  Economía, Luis de Guindos. Después de  poner en tela de juicio el cumplimiento del déficit comprometido y la preocupación por el crecimiento de la deuda, el 23 de mayo enumeró las deficiencias que acusa la contratación laboral.
    Creo que la herencia más negativa que nos deja la crisis es el ahondamiento de la  desigualdad social que si bien no comenzó con la recesión, es lo cierto que en los años siguientes se ahondó profundamente hasta ser el país más desigual de la UE. Ello es consecuencia de las recetas neoliberales que se implementaron, lo que supuso descargar  los sacrificios sobre la clase más vulnerable (jóvenes sin estudios ni empleo, parados de larga duración, pequeños autónomos arruinados, etc.)
    Respecto del futuro, los problemas que esperan solución no son de poca monta, llámense la deuda,  que supera el 100% del PIB, agotamiento del sistema público de pensiones, el alto desempleo, los recortes de I+D+i, el pacto de la enseñanza, la reforma fiscal, etc. etc. por citar algunos de los más relevantes.

sábado, 17 de junio de 2017

Historias de bancos



    Dice una vieja sentencia que el pez grande se come al chico. Y si el primero es supergrande, puede tragarse también a otro de tamaño mediano. Se vio confirmado este juicio el 7 de junio de 2017 con la compra por el Banco Santander por un euro, del Banco Popular para evitar su bancarrota, nunca mejor empleada la palabra. El comprador tiene en números redondos, 12.000 oficinas, 188.000 empleados y cuatro millones de accionistas., frente a 1.779, 12.000 y 305.000, respectivamente.
    Hace no más de diez años, el Banco Popular, con cerca de un siglo de antigüedad, era uno de los siete grandes y el más rentable de todos. Otras entidades financieras fueron engullidas antes, como el Vizcaya por el BB y más tarde el Argentaria; el Central y el Hispano por el Santander que ya había adquirido en subasta el Español de Crédito. Se produjo así una concentración de poder en el sector en perjuicio de la competencia. ¿Qué Gobierno podrá legislar en contra de sus intereses?
    Hoy por hoy, solo sobreviven los dos absorbentes antes citados y dos antiguas cajas de ahorros transformadas por ley en bancos: Bankia y Caixabank. La concentración bancaria se ha llevado por delante el sistema financiero gallego.
    La baja del Banco Popular nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, la estrecha interdependencia entre el negocio bancario que debe inspirar seguridad y fortaleza y la confianza del público. Si esta confianza se pierde, es imposible evitar el cierre.
    Cuando se produce una situación de crisis en una entidad de crédito, es preciso  adoptar medidas drásticas y urgentes, sajar el tumor y sustituir al gestor que presidió la fase de caída. En el caso que nos ocupa nada de esto fue tenido en cuenta.
    Otro factor que precipitó el desenlace fue la práctica de operaciones en corto de particulares y sobre todo de fondos de inversión de alto riesgo que venden para que baje la cotización y cuando lo han conseguido compran y devuelven las acciones que el banco les había prestado, lucrándose con la diferencia de precio.
    Pocos días después de la venta del Popular, los especuladores se cebaron en las cotizaciones de Liberbank y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prohibió durante un mes tales operaciones sin haberlo hecho así anteriormente. Regular esta parcela especulativa parece tan razonable como necesario.
    En el caso que nos ocupa quedó en entredicho la fiabilidad de las auditorías y se hizo visible el fracaso de los organismos supervisores, llámense Banco de España o CNMV, las cuales deberían responder de su actuación. Uno se pregunta cómo interpretan e investigan la información que reciben y cómo justifican su pasividad y la omisión de medidas que deberían haber adoptado a tiempo.
    El tema de intervención en la actividad bancaria incide en la polémica de si es excesiva como alegan las entidades financieras, o es insuficiente para controlar los riesgos en que aquéllas pueden incurrir en perjuicio de los legítimos intereses de miles de personas engañadas por falsas apariencias de honestidad y solvencia. La realidad demuestra con claridad meridiana que toda cautela es poca para controlar y prevenir situaciones que pueden darse en un negocio tan especial como el de banca en el que están en juego los ahorros de tanta gente.