lunes, 18 de septiembre de 2017

Iguales y desiguales




Durante miles de años la igualdad de los humanos ni se planteaba. La primera vez en que esa novedad se convirtió en texto legal fue en 1776 al hacerse constar en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En ella se reclamaba que “todos los hombres nacen iguales” si bien negaba este derecho a mujeres y negros; por tanto, había personas libres y esclavas. Corregir esta ominosa diferencia costó, 89 años más tarde, la guerra de secesión.
La innovadora doctrina inspiró a los mentores de la Revolución Francesa de 1789 plasmada en la famosa trilogía libertad, igualdad y fraternidad. Hasta entonces existían tres clases sociales: El clero, la nobleza y el “tercer estado” formado por gentes sin derechos.
Con estos precedentes, hubieron de pasar 151 años para que Naciones Unidas aprobasen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo preámbulo se hace constar que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Centrando la cuestión en nuestro país, el principio de igualdad ante la ley fue recogido por primera vez en el artículo 14 de nuestra Carta Magna con estas palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Esta afirmación tan rotunda presenta en la realidad algunas excepciones de diversa índole según se expone a continuación:
a)      Administración de justicia. Cuando un ciudadano es acusado de un delito puede ingresar en prisión preventiva si así lo ordena el juez y carece de medios para depositar la fianza, y quien dispone de fortuna puede seguir en libertad a la espera de juicio.
b)      Aforamientos. Jueces y políticos están aforados de modo que solo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo, previa conformidad del Parlamento, por lo que a los políticos se refiere. Se trata de un privilegio de justificación harto discutible que cuenta con pocos antecedentes en países de nuestro entorno.
c)      Fiscalidad. El sistema fiscal está basado en que las rentas del trabajo soporten los tipos impositivos más altos, lo cual implica que cuando aumenta el desempleo los ingresos de Hacienda descienden en mayor proporción. Mientras que los ingresos por sueldos pueden ser gravados hasta con el 56% en el IRPF, los alquileres, plusvalías y dividendos lo hacen el 21%.
d)     Prestaciones sociales. A pesar de ser un dogma político que todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, tienen los mismos derechos a disfrutar de iguales servicios públicos (enseñanza, sanidad, becas, matrículas universitarias, rentas de integración (en Galicia llamadas Risga)), la cruda realidad es que tanto la cuantía como las condiciones exigidas, varían sustancialmente de una comunidad autónoma a otra.
e)      Para que las diferencias sean mayores y menos justificadas, se extienden al tratamiento fiscal en cuanto a impuestos cedidos a las autonomías. En tanto algunas exigen el impuesto de transmisiones, otras, como Madrid, lo han prácticamente suprimido, creándose de este modo paraísos fiscales nacionales.

domingo, 10 de septiembre de 2017

Confusión ideológica



La división que sigue vigente en el universo político tiene su origen en la Revolución Francesa de 1789. En las asambleas los grupos afines se sentaban juntos a derecha e izquierda de la presidencia. Los más reivindicativos a la izquierda y los más conservadores a la diestra.
Con el paso del tiempo (han transcurrido 328 años) los perfiles de ambas formaciones se han difuminado, y esto explica que algunos políticos, sobre todo de signo conservador, sostengan que han desaparecido las diferencias. Curiosamente, un partido tan nuevo y rompedor como Podemos sostiene que no es de izquierda ni de derechas por boca de su presidente.
Frente a esta opinión reductiva, la visión global que una y otra tienen del hombre y de las relaciones sociales siguen siendo diametralmente opuestas. Se trata de un mundo bipolar. La ideología de progreso que se identifica con la izquierda se basa en la trilogía de principios que la Revolución consagró: libertad, igualdad y fraternidad La posición de la derecha, fiel a sus principios, es de mantener el orden establecido y las relaciones sociales por injustas que sean, lo que equivale a la imposición de la voluntad del más fuerte, atenerse a las leyes del mercado que actúan contra las clases más desfavorecidas y atender a los necesitados como obras de caridad y no como obligaciones de justicia social. Considera la vida como un ejercicio permanente de sálvese quien pueda.
La izquierda, por su parte considera que es preciso transformar el mundo, liberándolo de las excesivas desigualdades, impedir el abuso de los poderosos y respetar la igualdad ante la ley.
Es indudable que muchas de estas ideas han sido asumidas por los conservadores. Bastaría recordar cuestiones tan relevantes como la igualdad de hombre y mujer, la existencia de un sistema de seguridad social, el carácter tuitivo del Derecho del trabajo y la aceptación de los derechos fundamentales del individuo. Tampoco la izquierda representada por el socialismo y la socialdemocracia han salido sin dejar pelos en la gatera. Se olvidó de la lucha de clases y reconoció el sistema de mercado libre como norma reguladora de la actividad económica.
  A pesar de esa aproximación mutua sigue habiendo cuestiones trascendentales en que los respectivos puntos de vista difieren sustancialmente. Tenemos, por ejemplo, la existencia de armamento nuclear y la generación de energía eléctrica del mismo origen. La condena de la primera es lógica dado su potencia destructora que es el posicionamiento de la izquierda, pero no puede hacerse extensiva sin más a la producción energética, al menos en tanto las alternativas puedan dar respuesta a la creciente demanda de energía.
 Las diferencias notables que podemos observar se dan en el enfoque de los riesgos que acechan al medio ambiente y la intensidad y forma de combatirlos. La posición activa de la izquierda es compartida con poco empeño por los conservadores.
  Un tercer supuesto nos lo ofrecen los principios que deben inspirar las relaciones Norte-Sur en las cuales subyacen como alternativa los principios que deben inspirar las relaciones en base a la cooperación en términos de igualdad en beneficio mutuo.
  Un componente esencial de los problemas que más preocupan es el que mana de la misma fuente: el progreso científico-técnico. Por ello, un criterio diferenciador, un distintivo de ambas ideologías será el concepto que  cada una tenga de la técnica como motor de la historia, partiendo de que el ansia insaciable de conocimiento y su efecto lógico: la ciencia, es insito de la naturaleza humana.
  Cada vez con más frecuencia, los progresos de la ciencia plantean problemas morales. La primera controversia se inició con la práctica de la fecundación artificial o asistida, pero a partir de ahí surgieron nuevos desacuerdos. La posición progresista es proclive y contraria al punto de vista conservador, influido este por creencias religiosas. La primera controversia se inició con la fecundación artificial o asistida, pero a partir de ahí siguieron la ingeniería genética, la obtención y aplicación de las células madre y, como temas defendidos por unos y rechazados por otros tenemos el aborto y la eutanasia. La serie de nuevas aplicaciones de esta técnica no dejan de crecer y de su estudio se ocupan diversas comisiones de bioética en las que no es fácil el consenso, de lo que es ejemplo en estos días la discusión sobre la maternidad subrogada o empleo de vientres de alquiler.
  Se necesitará tiempo para depurar las posiciones antagónicas y establecer criterios acordes con principios esenciales de ética social.

viernes, 1 de septiembre de 2017

Regeneración de la política



Uno de los temas más repetidos por la mayoría de los políticos –por no decir todos- es el de la regeneración de la política. La piden, la ofrecen, la proponen y hasta exigen que se cumpla. No está mal para empezar, ya que ello implica reconocer que su actividad está desprestigiada y necesitada, por tanto de saneamiento. Esta opinión coincide con la percepción de los ciudadanos según reflejan las encuestas del CIS que consideran a la clase política como uno de los grandes problemas nacionales.
Si los protagonistas quisieran expresarse con un mínimo de coherencia tendrían que corregir la dirección de los tiros y esforzarse por mirar a su propio partido, corregir las deficiencias de que adolecen sin excepción, y promover el cambio de actitud por medio de disposiciones que incluyan, entre otras, las siguientes medidas:
a)    Democratización interna, comenzando por la selección de sus líderes en elecciones primarias como fórmula de participación de la militancia.
b)   Financiación, dando publicidad a los donativos y donantes recibidos y sometiendo a las mismas reglas de limitación, publicidad y transparencia a sus fundaciones, que actúan a modo de tapaderas de ingresos irregulares y terminan en las cajas de los respectivos partidos.
c)      Renuncia a los aforamientos, en el supuesto de que les asistiera el derecho por ley.
d)     Limitación a dos mandatos para impulsar la renovación generacional y evitar que la política se convierta en una carrera profesional.
e)      Prohibición estatutaria de que una persona ostente simultáneamente más de un cargo público.
f)     Supresión de cualquier privilegio fiscal, y jubilación, sometiéndose a las normas del sistema público de pensiones.
g)      Eliminación por ley del transfuguismo.
h)   Reducción drástica del número de asesores que suelen ser subterfugios para emplear a familiares y amigos.
i)    Modificación de la ley de indulto de 1907, a fin de que no sea aplicables a condenados corruptos.
j)     Normas restrictivas para servirse de puertas giratorias, sobre todo si se trata de entrar al servicio  de empresas con las que hubieran tenido relación por su cargo en el gobierno.
k)     Prohibición de que los políticos reciban regalos, tanto en especie como en metálico.
Si se quiere dar brillo y esplendor al noble arte de la política y conseguir así su moralización, los pasos que hay que dar son bien conocidos. Solo hay que aplicar los criterios de honestidad y honradez, así como acompañar sus decisiones de publicidad y transparencias.
Comentando esta cuestión con un político en activo me hizo una pregunta que me sumió en la duda. ¿Crees que es posible la regeneración política sin que la sociedad experimente ningún cambio de actitud? La respuesta la tenemos todos. Está en el viento, como diría Bob Dylan.

domingo, 27 de agosto de 2017

Externalización



Hay situaciones, a todas luces injustas, que no se discuten por llegar a considerarlas normales hasta que nos sorprenden con el estallido de un conflicto que se alarga en el tiempo, con las consiguientes molestias de personas ajenas al origen y desarrollo de la cuestión. Tal es el caso de la huelga declarada por los trabajadores del aeropuerto de Barcelona.
El conflicto laboral puso de manifiesto las consecuencias de la privatización de servicios públicos desempeñados por personal civil. El proceso llamado externalización se inició en las empresas privadas y no tardó en ser aplicado también en el sector público. Consiste en que las primeras dan de baja en sus plantillas a personal poco cualificado que desempeñan labores auxiliares, tales como limpieza, mantenimiento, vigilancia, etc, el cual pasa a depender de otras empresa, habitualmente en peores condiciones laborales, a la vez que, globalmente, se incrementa la desigualdad de ingresos con respecto a los empleados que conservan sus puestos.
En cuanto a los organismos públicos, el proceso comienza por la privatización de determinados servicios que se encomiendan a empresas privadas seleccionadas por concurso, uno de cuyos méritos es la rebaja ofrecida del coste. Volviendo al caso de Barcelona nos encontramos con que Aena privatizó el 49% del capital mediante una oferta pública de venta en bolsa cuyas acciones fueron un excelente negocio para los compradores, y dio la concesión de la seguridad a la empresa Eulen.
Tanto la empresa pública como privada, con la externalización buscan reducir costes, a la vez que se despreocupan de bajas por enfermedad y vacaciones. De lo que no pueden librarse es de las huelgas que se produzcan en la concesionaria cuando las relaciones con su personal se tensan demasiado y no hay acuerdo entre ambas. El personal de Eulen en el aeropuerto, según noticias de prensa, percibían un sueldo bruto de menos de mil euros y una intensidad de trabajo fuera de lo normal. Sus reivindicaciones se centraban en un refuerzo de la plantilla y un sobresueldo de 350 euros. Como las negociaciones no dieron resultado, el ministerio de Fomento se vio obligado a recurrir a la designación de un árbitro que emita un laudo de obligado cumplimiento, ante las desesperantes colas delante de los filtros de seguridad.
El episodio descubrió los inconvenientes de la externalización de servicios públicos con finalidades lucrativas. Cuando sociedades mercantiles se hacen cargo de tales servicios, lo hacen con el propósito de obtener beneficios, porque tal es su razón de ser. Los medios para conseguirlo son solamente dos: aumentar los ingresos y/o disminuir  los gastos. Para lo primero suele acudirse a la elevación de precios, y para actuar con menores costes, la clave está en recortar el número de trabajadores y/o rebajar los salarios, lo cual redunda en un deterioro del servicio. Con estas prácticas la Administración contribuye indirectamente a la pauperización de los trabajadores y a la desigualdad social, justamente lo contrario de lo que se espera de un Estado social y de derecho como proclama la Constitución.
Las privatizaciones tienen su apoyo doctrinal en el neoliberalismo económico, según el cual, el Estado es el problema y no la solución, y en consecuencia, hay que transferir sus funciones a la iniciativa privada, con la mínima intervención regulatoria, opinión que no se compadece en absoluto con la realidad. Abandonar la actividad pública al libre juego de la oferta y la demanda da lugar a una sociedad compuesta de una elite poderosa y enriquecida, una clase media a la que se exprime el bolsillo y un sector, el más numeroso, de trabajadores mal retribuidos al borde o hundidos en la pobreza. Es decir, una sociedad dual de ganadores y perdedores. La mejor demostración de esta realidad la ofrece Estados Unidos que, siendo el país más liberal, es también el más desigual del mundo desarrollado. Respecto a la iniciativa privada es preciso recordar que las crisis económicas recurrentes son obra del mercado libre con insuficiente regulación administrativa de sus actividades.
A tal punto llega la ideología neoliberal que la Administración contrata con empresas privadas servicios tan delicados como la seguridad, y así vemos como el control de entrada a oficinas de juzgados, Hacienda, etc. son realizadas por vigilantes jurados. La cuestión es restringir al máximo el número de funcionarios públicos a los que, por otro lado, no se quiere tocar para corregir sus deficiencias, y por ejemplo, se creó el INEM con el objetivo de intervenir en la búsqueda de empleo pero se ha dejado en manos de empresas de empleo la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, mediante, por supuesto, de una retribución, y la Xunta ofrece cantidades de hasta tres mil euros a la que consiga ocupación a un desempleado.