La eliminación de esos antros del ocultismo financiero era uno de los objetivos de la cumbre de Londres celebrada el 2 de abril. La realidad, sin embargo, quedó lejos de lo esperado. El comunicado oficial, en su párrafo 15 se limita a recomendar “tomar medidas (sin especificar cuales) contra las jurisdicciones no cooperativas, incluídos los paraísos fiscales”.
Habrá que esperar, aunque sea con escepticismo, que el acuerdo se traduzca en medidas legislativas que introduzcan claridad y transparencia en las operaciones que los paraísos fiscales realizan con opacidad y secreto.
Es preciso reconocer que el solo anuncio de que el asunto se iba a tratar en la reunión de Londres produjo el efecto de que muchos de tales centros financieros se adelantasen a prometer que abandonarían el secreto bancario, y la simple publicación por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) hizo salir los colores a gobernantes de países que amparaban estas prácticas irregulares y se comprometieran a cambiarlas en adelante.
El “optimista antropológico” como se autodefine el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a decir que el secreto se acabó, apreciación excesiva que el primer ministro británico, Gordon Brown se sintió obligado a corregir, aclarando que se trataba de un paso hacia el principio del fin.Los paraísos fiscales acogen depósitos de capitales que evaden la tributación legal de los países donde se originaron las rentas o plusvalías , mientras los salarios de los trabajadores soportan la carga impositiva sin posibilidad de eludir la exacción. Por lo general, los beneficiarios de esta actitud insolidaria acuden a la creación de sociedades “offshore” o sociedades pantalla domiciliadas en territorios donde los impuestos son mínimos o nulos. Al ser sus titulares considerados no residentes, están exentos de tributación. Dichos lugares son, por tanto, refugios del dinero negro.
Como muestra de la importancia que representa esta forma de evasión fiscal, la ONG Intermon Oxfam estima en 94.000 millones de euros lo que los países en vías de desarrollo pierden por este concepto. Esta cantidad es superior a los 78.000 millones que los países más pobres reciben en concepto de ayuda al desarrollo.
Pero, además de amparar el fraude, los paraísos fiscales constituyen el sistema circulatorio del terrorismo, del narcotráfico y de la criminalidad organizada, a través del secreto de sus transacciones.
Siendo perfectamente conocidos los efectos perversos de estos centros financieros opacos, uno se pregunta por qué operan en la legalidad, y por qué la comunidad internacional, pudiendo hacerlo, no impide su existencia. La respuesta no puede ser otra que el poder de los intereses creados de los más poderosos amparados por los gobiernos que, siendo demócratas, se abstienen de actuar en defensa de los intereses generales de la población. Ello hace temer que faltará la voluntad política para dar efectividad a los acuerdos de Londres por lo que podrían quedar reducidos a simple papel mojado.
En la aludida relación de la OCDE aparecen 43 paraísos fiscales y, si bien muchos tienen su sede en pequeñas islas atlánticas, colonias del Reino Unido, Estados Unidos y Holanda, 15 de ellos están residenciados en naciones europeas que se presentan como modelos de respeto a la ley: Suiza, Austria, Bélgica y Luxemburgo. De ahí la fundada sospecha de que quieran realmente cumplir lo acordado. Tampoco EE.UU. está exento de culpa, dado que tres de sus estados (Wyoming, Nevada y Delaware) practican el secreto de sus cuentas bancarias, aunque sorprendentemente no aparezcan en la lista de la OCDE, como denunció Suiza, irritada por estar incluida en ella.
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