martes, 20 de diciembre de 2011

Efectos perversos de la crisis

“Cataluña cierra hasta octubre el 25% de las camas de hospitales” (Titular de prensa del 27 – 07-11)
Estamos a punto de cumplir cuatro años desde que en EE.UU se destapó la trampa de las hipotecas basura, allá llamadas “subprime” y todavía no se ha salido del túnel en que nos sumió la crisis. Los efectos de aquel engaño se propagaron a otros países europeos, y naturalmente, también al nuestro, donde sirvió de detonante del estallido de la burbuja inmobiliaria y el revolcón de las entidades financieras, con especial incidencia en las cajas de ahorros, que mostraron su debilidad para superar su errónea política de expansión y la excesiva concentración del riesgo en la inversión inmobiliaria.
Las consecuencias de las crisis económicas se manifiestan en cadena a lo largo de un proceso que se autoalimenta. La reducción de la actividad ocasiona un incremento del paro, éste hace que disminuya el consumo, lo que a su vez mantiene el bajo nivel de la producción. Para las Administraciones públicas eso significa una mengua de la recaudación, al mismo tiempo que aumentan las prestaciones sociales por desempleo. El déficit presupuestario se agranda y se convierte en deuda al año siguiente.
Tal es el panorama que ofrecen las finanzas estatales, autonómicas y locales, que obliga a los gobernantes a arbitrar fórmulas para contener el desfase, no sólo por iniciativa propia sino bajo la presión que ejercen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y de una manera más apremiante, ese monstruo conocido con el nombre de “los mercados”, detrás de los cuales se esconden personas de carne y hueso dispuestas a especular a costa de los países para hundirlo aun más.
Para hacer frente a la disminución de los impuestos, las autoridades deben buscar ingresos utilizando dos vías diferentes: aumentar la recaudación o reducir los gastos. La primera opción implicaría aumentar la presión fiscal, y como la ideología neoliberal que hoy predomina se opone a gravar más el IRPF, solo queda la alternativa de incrementar los impuestos indirectos, con especial énfasis en el IVA, el gravamen sobre el tabaco y alcohol y las tasas, cuyos efectos se reflejan en el crecimiento del IPC.
La otra vertiente afecta a los gastos e inversiones y como vemos por las medidas adoptadas por muchas comunidades autónomas, se opta por el recorte de los servicios sociales (sanidad y educación), pilares del Estado de bienestar, que tantos esfuerzos y sacrificios han costado conseguir. En cuanto a las inversiones en obras públicas, las licitaciones experimentan un severo recorte con repercusión en el volumen de paro.
Es obvio que, puestos a emplear las tijeras en el capítulo de gastos, es fácil localizar muchos sumideros como alternativa a los recortes sociales.
He aquí algunos ejemplos: oficinas de representación exterior que se solapan con la red estatal de embajadas y consulados, televisiones públicas que además de tener una escasa audiencia, están abiertas hasta altas horas de la madrugada, publicidad institucional que en muchos casos huele a pago de servicios prestados de determinados medios de comunicación; asesores que nadie sabe sobre qué asesoran, subvenciones de carácter clientelar ajenas a criterios públicos y objetivos; ediciones de libros de lujo que nadie lee; coches oficiales y pago de dietas, susceptibles de significativos recortes.
Sería pertinente un examen detallado de los gastos presupuestarios con arreglo a la metodología de presupuesto base cero para cerciorarse de que no se incluyen partidas sin razonable justificación. Los parlamentarios, por su parte harían bien en ejercitar la facultad que tienen atribuida del control previo a la aprobación de la ley.
Todas estas medidas pueden ser de pronta ejecución. A más largo plazo procede iniciar sin demora el estudio de otras de mayor calado, incluyendo el “aggiornamento” de muchas de nuestras leyes que o bien han quedado obsoletas o bien no se corresponden con las ansias de modernidad y racionalización del gasto público como requiere la renuncia a la que se obliga a los ciudadanos al disfrute directo de una parte de sus ingresos que han de entregar a Hacienda.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Reformas pendientes

Suele denostarse el siglo XIX por sus repetidas guerras civiles, la inestabilidad política y la pérdida de nuestro imperio colonial (que no es poco) pero a fuer de justos y objetivos, hay que reconocer la tarea de modernización llevada a cabo en ese período de tiempo.
En una somera enumeración de objetivos es preciso reconocer notables logros, de los que en parte seguimos viviendo, de modo que, sin admitir que cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco debemos caer en el error de creer que todo lo bueno que tenemos es obra nuestra a partir de ayer.
Citemos, por ejemplo, el ordenamiento jurídico que en buena parte sigue vigente a partir del Código Civil y del de Comercio, promulgados a finales de dicha centuria. Ambos cuerpos legales han resistido el paso del tiempo y siguen rigiendo nuestra relación contractual y nuestra actividad mercantil, si bien, como es lógico, a costa de sufrir reformas parciales, parches, enmiendas y adherencias que complican la actividad de los juristas, sin que, no obstante, el legislador se haya atrevido a sustituirlos.
Heredamos de dicho siglo el ordenamiento territorial con la división provincial y municipal como la conocemos después de 177 años, y heredamos también la red ferroviaria y de carreteras, así como la implantación de la peseta, que estuvo en circulación desde 1868 hasta 1999. Pero los años no pasan en balde y la sociedad es dinámica.
Si el ordenamiento jurídico ha de ajustarse a la realidad de cada momento, forzosamente ha de actualizarse. No puede afirmase que esta adecuación haya sido asumida por los distintos gobiernos ni por los cuerpos legislativos que, por indolencia o por intereses, no se han remozado aquellas disposiciones, claramente obsoletas, o han hecho oídos sordos a la necesidad de adoptar medidas legislativas de interés general.
En el primer caso destaca, por ejemplo, la urgencia de modificar la absurda división territorial que comporta la existencia de más de 8.000 municipios, la mitad de los cuales, con una población menguada, no dispone de medios para prestar los servicios básicos, o el mantenimiento de las diputaciones provinciales que con el Estado de las autonomías han devenido claramente disfuncionales, emparedadas entre los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.
Entre las leyes cuya ausencia se hace notar en el desarrollo económico y la calidad del Estado del bienestar citaría la de la reforma fiscal que encarne los principios consagrados por la Constitución, es decir, la igualdad y progresividad, y que proporcione a la Hacienda los recursos necesarios para una auténtica redistribución personal de la renta y el sostenimiento del Estado del bienestar. Otra ley demorada regularía una suerte de reforma agraria con tratamiento específico de los latifundios del sur de España y la micropropiedad del Norte, con especial incidencia en Galicia.
Si hubiera voluntad política, no serían estas las únicas reformas pendientes sino un catálogo de ellas que movilizarían la capacidad de trabajo de las Cortes y la iniciativa del Ejecutivo.
Bastaría sacar a colación la necesidad de regular la energía, la educación, la democracia interna y la financiación de los partidos, la de la ley electoral y el derecho de trabajo, entre otras de menor calado.
Si queremos que España sea un país moderno, democrático, próspero y justo, estos cambios deberían formar parte de los programas electorales de los partidos.

lunes, 28 de noviembre de 2011

Vida y muerte de las Cajas de Ahorros

¿Qué enfermedad mortal sufrieron las cajas de ahorros que llevó al borde de la extinción a la mayor parte de las mismas? En el espacio de los dos últimos años encajaron un acelerado proceso de intervenciones del Banco de España, fusiones y transformaciones en bancos que redujeron el número de entidades de 45 a 15, y protagonizaron el mayor ajuste, todavía inconcluso, del sistema financiero español.
Todavía está por escribirse el informe detallado y objetivo de las causas que condujeron al desastre, pero ya son reconocibles determinados rasgos comunes que explican la incapacidad de superar los parámetros de solvencia exigidos por el gobierno, con la honrosa excepción de la Caixa de Barcelona, las tres vascas y Unicaja.
Las cajas de ahorros más antiguas fueron creadas en la primera mitad del siglo XIX, respondían al modelo de instituciones benéfico-sociales que como tales dependían de la dirección general de Beneficencia del Ministerio de Gobernación, llamado ahora de Interior. Su finalidad era promover el pequeño ahorro, combatir la usura y financiar las necesidades crediticias de las familias y las pequeñas empresas. Sus excedentes, que no se querían llamar beneficios, se dedicaban a la formación de reservas y a la creación y sostenimiento de obras benéfico-sociales.
Durante muchos años desarrollaron su labor en un reducido ámbito territorial conformado por la población de nacimiento y poco a poco fueron extendiéndose a la provincia y a la región.
Un paso trascendental de su evolución vino dado por el Decreto de 1977 inspirado por el a la sazón vicepresidente del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, que igualó la operatoria de las cajas con la de los bancos.
A partir de entonces se inició una imparable expansión geográfica y del volumen de operaciones que a la larga sería letal. Se abrieron sucursales no sólo en España sino también en Europa y América, y se llevaron a cabo operaciones de riesgo para las que no estaban especialmente preparadas (descuento de efectos, participaciones industriales, créditos sindicados a grandes compañías y sobre todo, subiéndose a la ola de la burbuja inmobiliaria, una imprudente política crediticia centrada en compradores y promotores de viviendas, teniendo que recurrir a los mercados internacionales para la captación de fondos con los que atender la creciente demanda de préstamos.
El resultado fue que las cajas llegaron a administrar más del 50% de los depósitos del sistema financiero con gran preocupación de los bancos que acusaron a las primeras de competencia desleal por cuanto las cajas podían comprar bancos pero no a la inversa por el carácter fundamental de las entidades de ahorro.
La deficiente evaluación del riesgo hizo que al desencadenarse la crisis, con la consiguiente elevación de la tasa de morosidad, muchas de las cajas vieron amenazada su solvencia, situación que agravó el Gobierno al exigir una proporción del 8% al 10% de recursos propios según los casos, que fue como el tiro de gracia. Las consecuencias fueron el cierre de oficinas que nunca debieron abrirse y la pérdida de puestos de trabajo que afectó a miles de empleados.
En resumen, se puede afirmar que las cajas murieron de éxito a causa de un mal uso de la regulación legal permisiva, de una gestión inadecuada, de la presencia de políticos inexpertos en los consejos de administración y de las presiones de la banca que lograron deshacerse de sus mayores competidoras.
La sociedad española ha perdido unas instituciones singulares que contribuyeron enormemente al progreso económico y con su amplia y variada obra social cubrieron objetivos asistenciales y culturales que a partir de ahora quedan desatendidos. Por culpa de muchos y con la impunidad de todos.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Motivos para indignarse

Es una explicación recurrente que la cruz que llevamos a cuestas con nombre de crisis no es solamente económica o financiera sino de valores. Esta desconsoladora constatación se refleja también en el comportamiento y quehacer de los particulares, y lo que es más lamentable es la actitud de las instituciones que suscita entre las gentes sencillas, además de sorpresa y asombro, enfado y cabreo, y hasta la desesperanza de que pueda corregirse el desmadre, el exceso de codicia y la lacerante injusticia social que padecemos. En definitiva, el desorden en que nos movemos da motivos más que suficientes para sentirnos indignados.

He aquí una somera relación, que no pretende ser exhaustiva, de abusos y transgresiones legales que abona el diagnóstico precedente.

1. Es intolerable que España soporte una tasa de paro del 21% de la población activa que somete a cerca del 50% de los jóvenes a buscar trabajo en vano.

2. En este contexto, carece de sentido que se haya elevado la edad de jubilación de 65 a 67 años al mismo tiempo que se prejubila a trabajadores a partir de los 50 años.

3. Es incomprensible que en un Estado social de derecho, directivos de bancos, cajas de ahorros y grandes empresas tengan sus cargos blindados, y perciban además de sueldos millonarios indemnizaciones, “bonus” y pensiones de cantidades escandalosas, incluso después de que sus empresas fueran apuntaladas con dinero público para evitar la quiebra.

4. Repugna a la conciencia la impunidad fáctica de gestores de entidades financieras que llevaron a sus empresas a la ruina y son retribuidos con dádivas de fábula, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores son despedidos con indemnizaciones mínimas o sin ninguna si se trata de contratos temporales. Estos, sin haber tenido arte ni parte en el desastre, son los más castigados.

5. Es inadmisible la impunidad de que gozan los políticos que derrocharon los recursos públicos en aeropuertos sin aviones, autopistas sin tráfico, auditorios sin programación, piscinas climatizadas en pueblos sin nadadores, campos de fútbol en aldeas dotados de césped artificial y tantos otros disparates. Y para más inri, a costa de endeudar a sus respectivas haciendas hasta las cejas. Sin ánimo de sacar a colación casos particulares que producen sonrojo, no me resisto a citar un caso arquetípicos por su reciente pronunciamiento judicial. La Generalidad valenciana pagó al arquitecto Santiago Calatrava 15 millones de euros por diseñar un proyecto urbanístico en 2004 que ni se ha hecho ni probablemente se hará. La denuncia por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos fue archivada por no existir “la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero público”. Increíble.

6. Indigna que la misma impunidad ampare a corporaciones locales que dan licencias de obras ilegales, y cuando los tribunales obligan a su demolición, o bien se regularizan con otra ilegitimidad incluyéndolas en un plan de ordenación urbana o, si hubiera responsabilidad económica, se pasa la factura a Juan Pueblo que es quien paga los platos rotos. Tanto los causantes directos como los altos funcionarios encargados de supervisar los acuerdos adoptados y las obras ejecutadas, hacen dejación de sus funciones y miran para otro lado; aquí no pasa nada. Si alguien cree que apunto, entre otros, al Banco de España, no va descaminado.

7. Cuando uno ve que de los 3.000 defraudadores a Hacienda descubiertos en Liechtenstein, como del pobre Fernández, nunca más se supo, o que los equipos de fútbol de primera división adeudan a Hacienda 3.500 millones de euros sin que al parecer se les apremie como a los morosos que son desahuciados por no poder pagar sus hipotecas, uno se pregunta donde diablos han ido a parar la equidad, la igualdad ante la ley y la ética.

8. El escepticismo y el desánimo se extienden al ver que los paraísos fiscales siguen ofreciendo refugio al dinero sucio y al que se evade al control del fisco incumpliendo las reiteradas promesas de los políticos.

Si a todo lo anterior añadimos el descrédito de las instituciones y de los partidos políticos por sus actuaciones y por los innumerables episodios de corrupción en que se ven envueltos sus miembros prominentes, nos cabe la duda de si España precisa un Hércules que restablezca la vigencia de principios que nunca debieron abandonarse como la honestidad, la sobriedad, la capacidad, el sentido del deber, la responsabilidad y la transparencia de la gestión de lo público; hazaña no menor que la que el héroe mitológico acometió para limpiar los establos de Augias desviando el cauce de dos ríos. Sería como refundar el Estado.

domingo, 6 de noviembre de 2011

La crisis del capitalismo

La génesis y desarrollo de las crisis económicas muestran con ofuscante claridad que son un producto propio e indisociable del sistema capitalista. Al conjugar la codicia humana con la libertad de la iniciativa privada sin regulación, surgen inevitablemente los excesos y malas prácticas, especialmente por los agentes financieros, amparados en el falso dogma de que los mercados se autocorrigen, razón por la cual se oponen a la intervención legal de sus operaciones.
La realidad, sin embargo, ha probado sin lugar a dudas que las entidades financieras, administradoras de caudales ajenos, impulsadas por el desmedido afán de lucro, son proclives a emprender operaciones de riesgo, como fueron las hipotecas basura “subprime”, rayanas en el engaño colectivo por decirlo suavemente, sin importar en casos extremos incurrir en el delito de apropiación indebida como mostró el famoso Madoff, hoy en prisión.
Los bancos tienen además el curioso privilegio de crear dinero mediante la titulización de sus activos. Los préstamos hipotecarios que conceden a sus clientes pueden ser vendidos, recuperando así la inversión y contar con nuevos medios para invertir nuevamente como ocurrió con las antes citadas, que estuvieron en el origen de la crisis desencadenada en 2007. Este proceso multiplicador es tan simple y arriesgado que la mente lo rechaza al decir de Galbraith.
Las crisis económicas germinan con la prosperidad, crecen con la euforia y estallan con los excesos. A semejanza del cáncer, producen metástasis, afectan a todo el sistema y revisten muchas variantes. Algo similar a lo que acontece en medicina cuando un individuo aparentemente sano sufre un infarto que le puede ocasionar la muerte si no es atendido de inmediato.
Como vemos en la crisis que padecemos, la falta de tratamiento preventivo y de un diagnóstico certero hace que las manifestaciones patológicas se aceleren y se propaguen. Los bancos restringen los créditos, la industria y el comercio carecen de financiación, el paro se extiende, la morosidad aumenta, el consumo se reduce, la bolsa se desploma y la actividad económica se contrae en una secuencia sin fin.
Por la misma razón de que no se detecta a tiempo el estallido de la burbuja, nadie se atreve a predecir el inicio de la recuperación, debatiéndose los bancos centrales entre la duda de mantener los estímulos fiscales y los bajos tipos de interés por temor a la inflación o retirarlos antes de tiempo y frenar en seco el proceso productivo. Lamentablemente, la economía no es una ciencia exacta y no ofrece recetas de validez general.
En este clima de incertidumbre, los medios de comunicación echan leña al fuego, afirmando una y otra vez que lo peor aún está por llegar con lo que se extiende la sicosis y pérdida de confianza que a su vez obstaculiza la reactivación. Por ello reaparece la vigencia de la recomendación de Roosevelt durante la Gran Depresión de 1929: “vencer el miedo al miedo”
Si se quiere impedir que las crisis sigan siendo recurrentes habrá que vencer la presión que ejercen los grupos oligárquicos, reacios a toda intervención de los organismos reguladores que pongan coto a la potencial comisión de abusos, a la opacidad de sus actividades financieras y a comprometerse en operaciones de alto riesgo, englobadas en conceptos tan vagos como la denominada arquitectura financiera.

sábado, 29 de octubre de 2011

Olendorf y la política

Ahora que estamos a punto de comenzar la campaña electora del 20N es pertinente observar el comportamiento de los políticos en su papel de candidatos.
Los medios de comunicación suelen ofrecer espacios en los que el entrevistador formula preguntas concretas sobre el programa con que se presenta su partido para dar a conocer a la audiencia su contenido, pero el resultado suele ser desilusionante porque el interesado va prevenido para declarar lo que le interesa decir, vaya por donde vaya el periodista. La clave consiste en tener presente el método Olendorf.
El nombre proviene de un profesor de idiomas así llamado, el cual entendía que la mejor forma de aprender un idioma extranjero consistía en que el alumno respondiera sin sujeción al tema planteado. Por ejemplo, ¿usted como se llama? Ayer hizo muy mal tiempo. Es más o menos, lo que llamamos irse por los cerros de Úbeda, o salirse por la tangente.

El político de turno acude a la entrevista con el método bien aprendido y elude las respuestas incómodas. Como no quedaría bien visto si responde con el silencio porque el que calla otorga, aprovecha la ocasión para exponer el argumentario de su partido, venga o no venga a cuento, y de paso, para rematar la faena, incluye un ataque apenas velado a sus adversarios.

Un supuesto ejemplo de la aplicación del método Olendorf al discurso político podría ser el siguiente: un ministro o ministra (igual da) acude a una emisora de radio y el locutor le pregunta por cierta disidencia en el seno de su partido, a lo que contesta que esos son cosas del pasado, que ahora está más unido que nunca, que donde la contestación interna existe y es fuerte es en el partido opuesto.

A continuación el interrogatorio versa sobre determinadas acusaciones de corrupción a uno de sus conmilitones. La respuesta, como no podía ser menos, es que se trata de infundios difundidos por medios opuestos a su ideología. Si es un supuesto corrupto, hay que respetar la presunción de inocencia, no como hacen los políticos de otros partidos.
Si, por decisión propia o por efecto de la presión ejercida sobre el sospechoso, éste hubiese dimitido, hay que elogiarle y presentar el caso como muestra de la transparencia y justicia que distingue a su partido, bien distinto de como se comportan otras fuerzas políticas.
Similares procedimientos de autodefensa y ataque al adversario bajo el método Olendorf, son habituales en el debate parlamentario, de modo que cualquier observador puede prever lo que dirán los intervinientes afectados, privando sus intervenciones del interés y la importancia que deberían tener.
De todo esto se colige la poca o nula credibilidad que merecen las declaraciones de los políticos, los cuales huyen de la objetividad, la transparencia y el rigor como el diablo de la cruz.

¿Tiene que ajustarse el noble ejercicio de la política al maligno ejercicio de este paradigma? Indudablemente, no, pero para que esto cambiase sería preciso que los ciudadanos fueran más exigentes a la hora de seleccionar a los candidatos con criterios de competencia y honestidad. Todos podemos cambiar el mundo, comenzando por nosotros mismos.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Expectativas de gobierno

Que España vive inmersa en un a crisis profunda comparable a la que en 1929 sumió al mundo en la Gran Depresión, a nadie se le escapa, entre otras razones, porque cada día que pasa se hacen más sensibles y dolorosos los síntomas en forma de desequilibrios macroeconómicos, llámese paro masivo, deuda pública y privada, costes crecientes de su financiación por aumento del riesgo país, etc, etc.
No es esta ciertamente la primera crisis económica que sufre nuestro país, y la más próxima podemos situarla en 1977, ocasionada por el encarecimiento del petróleo y los problemas derivados de la transición política de la dictadura a la democracia. En aquella ocasión la salvación vino por los Pactos de la Moncloa planteados por Enrique Fuentes Quintana y llevados a cabo por Adolfo Suárez. El primero supo hacer un diagnóstico acertado y proponer el tratamiento adecuado, al segundo le debemos el coraje de adoptar las medidas que pusieron en marcha el proceso para aplicarlo y devolver así la salud al enfermo. Se produjo entonces la afortunada conjunción que el economista vigués Antón Costas señala en un artículo de El País, de un experto reformista y un político reformador.
Así como en la guerra es un factor de éxito la sintonía entre el estratega que diseña el plan y los mandos que deben ejecutarlo, y en navegación es preciso que un capitán marque el rumbo y un piloto que dirija la singladura, en política económica, para superar las dificultades se requiere la complementariedad de un economista de prestigio que trace el plan y un gobernante dispuesto si es preciso a sacrificar su carrera política para llevarlo a cabo con decisión y firmeza.
Trasladando el razonamiento a la actualidad, una vez cumplido el trámite de las elecciones del 20-N, todo indica que el papel del político reformador audaz le corresponderá al presidente del PP, Mariano Rajoy. Sobre él recaerá también la responsabilidad de escoger al experto, pertenezca o no al partido –tal vez sea preferible que sea independiente-, para elaborar el proyecto capaz de revertir la tendencia, propiciar la recuperación de la actividad económica, devolver la confianza a los mercados y despejar las dudas sobre la solvencia del país para que desaparezca el temor de que España pueda seguir el triste ejemplo de Grecia, Irlanda y Portugal, que son el exponente del máximo fracaso político y económico.
Aparte de cómo evolucione la crisis en los demás países, inevitablemente, el plan comportará medidas impopulares, y para que sean aceptadas con carácter general se requiere mucha pedagogía explicativa, y sobre todo, llevar al ánimo de los españoles la necesidad de las reformas y el convencimiento de que en los sacrificios participamos todos los ciudadanos de forma equitativa con arreglo a la renta disponible de cada uno con arreglo a criterios de eficiencia, suficiencia y progresividad.
Del empeño y acierto que acompañe la política económica del nuevo gobierno dependerá que su líder pase a la historia con un puesto de honor o defraude la confianza que en él habrán depositado la mayoría de los electores.

domingo, 9 de octubre de 2011

J.M.J.

Del 18 al 22 de agosto ce celebró en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el papa Benedicto XVI y con la asistencia de centenares de obispos y cardenales, miles de sacerdotes y centenares de miles de jóvenes procedentes de 190 países, que algunas informaciones elevan a un millón y medio de personas.
La celebración de estos acontecimientos fue establecida por el papa Juan Pablo II y la primera de la serie tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1989.

La organización de estas ornadas multitudinarias, que imitan las convocadas por los regímenes dictatoriales, es muy complicada y costosa. La de Madrid fue dirigida por la Conferencia Episcopal, y la financiación corrió a cargo en gran medida de grandes empresas, con una notable participación de El Corte Inglés, tal vez como compensación al previsto aumento de sus ventas. Por su parte la Administración pública asumió el mantenimiento del orden con la intervención de 10.000 agentes y la atención sanitaria, así como la rebaja del 80% del precio del billete del metro, precisamente un mes después de haberlo subido un 50%. Las autoridades tomaron parte activa en diversos actos religiosos, olvidando que lo eran de un Estado aconfesional.

Cabe preguntarse si la Iglesia jerárquica habrá hecho un estudio del impacto de las ediciones anteriores, tal como hace cualquier empresa tras una campaña de marketing, y en caso afirmativo, dado que por mor del bautismo formamos parte de la Iglesia, queramos o no, deberíamos tener acceso al conocimiento de esa supuesta evaluación. En el caso de que el resultado fuese inapreciable o negativo, sería prudente cambiar el formato, los contenidos o ambos.

Si nos referimos a los objetivos de la Iglesia, ciñéndonos a nuestro país, por ser el que mejor conocemos, no parece que nuestros obispos tengan muchos motivos de satisfacción, toda vez que, según datos publicados, solo el 71% de los españoles se declaran católicos y que el número descendió diez puntos en la última década, pese a la influencia que pudiera haber tenido la JMJ de 1989. Tampoco los seminarios son una muestra de crecimiento puesto que siguen vaciándose de alumnos.

Si juzgamos el éxito por el comportamiento de los españoles como cristianos y ciudadanos, tampoco el balance es muy halagador, mas bien lo contrario. Ni por parte de los jóvenes ni de los adultos se aprecia un descenso del número de asesinatos, robos, estafas, agresiones, delincuencia juvenil, narcotráfico y drogadicción, violencia de género pederastia, pornografía infantil, explotación de mujeres y de inmigrantes, y tantos otros atentados contra la vida y la dignidad del prójimo, cuyos victimarios llenan a rebosar los establecimientos carcelarios.

Y si echamos la vista a otros países de raigambre católica, el panorama no es menos desolador. Todos están muy lejos de dar ejemplo de las virtudes que enseña el Evangelio desde hace dos mil años.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Cómo hacer más ricos a quienes ya lo son

Uno de los aspectos más descorazonadores, por injustos, de nuestro tiempo, es el creciente abismo económico que separa a las personas y familias de un mismo país y de estos entre sí.

Limitando nuestro examen a la realidad socioeconómica española, observamos que, mientras unos pocos ingresan cada año sumas superiores a los seis millones de euros y exhiben su ostentación, más de 30.000 viven a la intemperie, 1,5 millones sufren pobreza extrema (con ingresos menores de 400 euros al mes) y 70.000 familias malviven con el ingreso mínimo de inserción establecido en las comunidades autónomas, que en Galicia recibe el nombre de Risga.

El hecho de que la disparidad de renta se acentúe año tras año tiene su explicación en los mecanismos de redistribución inversa que comporta el sistema neoliberal en que nos movemos, favorecedores de la acumulación de la renta, lógicamente en perjuicio de los desprotegidos, que no tienen las mismas posibilidades de mejora.

He aquí algunos factores que inciden en la acumulación de la riqueza en pocas manos:

  • En primer lugar, la institución de la herencia propicia que algunos vengan al mundo nadando en la abundancia amasada con buenas o malas artes por sus antecesores. Las inversiones de este patrimonio tienen muchas posibilidades de obtener altas rentabilidades al estar dirigidas por expertos que disponen de información restringida de las mejores oportunidades y de las ventajas fiscales a las que pueden acogerse.
  • Los dueños pueden conseguir con facilidad créditos que refuerzan su capacidad inversora por la garantía patrimonial que ofrecen y porque normalmente ocupan los puestos más lucrativos e influyentes de las grandes empresas y de la Administración.
  • Otro factor relevante procede de la tributación aplicable. El IRPF concede un trato de favor a las rentas procedentes del capital sobre las del trabajo, como lo prueba el hecho de que la recaudación de las segundas constituye el 80% del total. Como escribe Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, “¿Por qué aquellos que trabajan para vivir tienen que estar sujetos a impuestos más altos que los que viven de la especulación (a menudo a expensas de los demás)?”
  • Todos estos alicientes están amparados por la ley, pero existen otros ilegales o alegales de los que suelen hacer uso los más codiciosos y mejor informados, a sabiendas de que difícilmente podría caer en las redes de la justicia y de que, en el peor de los casos, el beneficio compensa el riesgo.
  • Uno de estos recursos es la ocultación a Hacienda de los beneficios obtenidos. Si la inspección los descubriera soportarían una sanción, pero para que la evasión de impuestos constituya delito es preciso, en primer lugar, probarlo, que exista ánimo de defraudar, que se denuncie antes de los cuatro años de cometido, que se demuestre el ánimo de defraudar (¡!), y en segundo lugar que el fraude ascienda a más de 90.000 euros, y hasta ahora nadie ha dado con sus huesos en la cárcel por dicho motivo.
  • Otra fuente de ganancia para los potentados es la disposición de información privilegiada para invertir en bolsa con ganancia segura, una operación tipificada como delito pero poco menos que imposible de verificar.
  • Finalmente, personas de grandes fortunas pueden depositarlas en paraísos fiscales, donde los beneficios están ocultos al fisco, y por consiguiente , libres de impuestos.

Si estos trucos fueran desvelados, no es infrecuente que los gobiernos promulguen leyes de amnistía fiscal, como la que hace un año dictó el gobierno italiano de Berlusconi, que ponen blanco sobre negro y aquí paz y después gloria.

Por si los privilegios no fueran suficientes, en 2008, el gobierno socialista suprimió los impuestos de patrimonio y transmisiones.

La relación de artimañas expuesta no es exhaustiva, pero sirve para ilustrar la forma en que las grandes fortunas se multiplican como los panes y los peces del Evangelio.

Repetidas reformas fiscales regresivas rebajan los impuestos directos, que son los más visibles y con mayor capacidad redistributiva como es el caso del IRPF, que benefician preferentemente a los grandes contribuyentes, arguyendo como justificante que así se fomenta el ahorro y la inversión, lo cual no ha podido demostrarse. Así se adujo también cuando se anularon los impuestos sobre sucesiones y patrimonio, que indudablemente eran buenos… para algunos. Los gobiernos conservadores secundados por los mal llamados de izquierda están empeñados en quitar a los pobres y clase media para dar a los ricos, quizás por una interpretación sui generis del texto evangélico (Marcos, 20-26).

Lo que de verdad España necesita es una auténtica reforma tributaria que recoja el espíritu y la letra del art. 31 de la Constitución , por lo que debería ser la máxima prioridad de cualquier gobierno digno de tal nombre. No se trata de la demagógica petición de “que paguen más los ricos” sino de repartir equitativamente las cargas fiscales.

lunes, 19 de septiembre de 2011

Claves para salir de la crisis

En este mes de septiembre, en competencia con otras efemérides (11-9-1973, golpe de Pinochet; 11-9-2001, ataque a las torres gemelas de Nueva York) se cumplen cuatro años del estallido de la crisis que nació financiera, se convirtió en económica y se propagó rápidamente de las llamadas hipotecas “subprime” o hipotecas basura de bancos norteamericanos. Desde entonces el mundo industrializado ha ido dando tumbos pasando de la ralentización al estancamiento, de éste a la recesión y finalmente a la depresión. Cuando parecía vencida esta fase, los países avanzados se enfrentan a la amenaza de una segunda recesión a juzgar por las alertas de diversos organismos internacionales como el FMI o la OCDE.
En todo este tiempo se acusa una decepcionante ausencia de iniciativas y de liderazgo político para dirigir la economía globalizada. Existe una notable falta de ideas nuevas e imaginativas, a la vez que realistas que permitan salir del túnel en que nos hallamos.
Los economistas se dividen en un grupo de tendencia socialdemócrata que propugnan impulsar el crecimiento para aumentar la tasa de ocupación, y otro de ideología conservadora que apuestan por rebajar impuestos y reducir drásticamente el déficit para favorecer la inversión y conseguir el mismo fin.
Como vemos, las metas a conseguir son compartidas, así como la necesidad de relanzar el crecimiento, revitalizar el crédito, incrementar la recaudación pública, aumentar la tasa de empleo, reducir el déficit, facilitar el consumo, repartir con equidad los costes de la crisis y devolver la confianza a los mercados para que se avengan a seguir financiando nuestra deuda sin que se dispare el coste en forma de riesgo país. Lo malo de este planteamiento es que una parte de estos objetivos son contradictorios con otros y es necesario priorizar y dosificar los medios para lograr el éxito.
A mi juicio, la superación de la crisis sería coherente con la adopción de un catálogo de medidas como el siguiente con respecto a España:
1. Dedicación por el ICO de financiación (a título orientativo, de 10.000 millones de euros) de las PYMES aunque fuera preciso aumentar la deuda en dicho importe.
2. Tramitar una reforma fiscal bajo los criterios de progresividad, eficiencia y suficiencia, que incluya una contribución especial transitoria de los perceptores de ingresos personales superiores, por ejemplo a 100.000 euros anuales y como medida previa a la recuperación de los impuestos de patrimonio y transmisiones, de forma selectiva. Dicha ley gravaría por igual las rentas del trabajo y del capital. A este respecto no está de más recordar como precedente, que para financiar la guerra civil se implantó un impuesto especial que afectaba a los beneficios extraordinarios.
3. Imponer a la banca una moratoria de dos años en el cobro de las amortizaciones de las hipotecas cuyos prestatarios podrían pagar solamente intereses. Los préstamos verían prorrogada su vigencia por dicho plazo.
4. Negociar un acuerdo con sindicatos y patronal para mantener congelados salarios y pensiones durante dos años, con excepción del salario y pensiones mínimas que incorporarían los incrementos del IPC.
5. Regular el sistema financiero para controlar las operaciones especulativas.
6. Intensificar la investigación del fraude fiscal y la economía sumergida, con especial atención a las grandes operaciones de capital.
7. Regular racionalmente las retribuciones de funcionarios y políticos. No tiene sentido que determinados presidentes de organismos autónomos establezcan sus propios salarios.
8. Implantar una política de austeridad en el gasto público, excepto en I+D+i, enseñanza, formación y sanidad.
9. Dedicar las inversiones en obras públicas exclusivamente a las más próximas a su terminación y efectuar una revisión a fondo de las proyectadas que se pospondrían o eliminarían de no justificarse su rentabilidad social o si no hubiera garantía de medios disponibles para su mantenimiento.
10. Arbitrar una fórmula, lo más equitativa posible, para suavizar, o mejor, eliminar el mercado dual del trabajo que tenemos ahora.
11. Rebajar el 50% del IVA durante dos años a los contratos de compraventa y rehabilitación de primeras viviendas.
12. Rebajar el 50% de las cargas sociales por el mismo período en los contratos laborales indefinidos a mayores de 45 años.
El plan propuesto persigue medidas de carácter social y económico de forma que los esfuerzos sean compartidos por todos los ciudadanos con arreglo a sus medios de fortuna.
Vivimos circunstancias excepcionales que requieren un tratamiento de igual calado, enmarcado en un plan global en el que los sacrificios sean proporcionales a la capacidad adquisitiva de cada uno. Sus ejes principales deberán ser remediar el paro masivo y calmar a los famosos mercados para que no eleven el coste de los intereses de la deuda, lo cual sólo será admitido si las reformas acordadas convencen de que surtirán los efectos deseados, lo cual vendrá avalado por el relanzamiento de la actividad económica. Si, por el contrario, las medidas de choque condujeran al estancamiento por aplicación de una cura de caballo, tal vez sería inevitable el rescate, el peor escenario imaginable, como se puede ver en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal.

sábado, 10 de septiembre de 2011

De economía y política

Se ha dicho que la economía es una ciencia lúgubre, porque asegura, sin que nadie haya podido desmentirlo, que las necesidades humanas son ilimitadas, en tanto que los medios disponibles son finitos. Lo malo del asunto no son las leyes económicas sino el mundo real, exigente y lleno de carencias. Habría que decir que como la vida , la economía no es triste sino seria, porque, si no fuera así, no sería ciencia, y gracias a ella podemos entender cómo funcionan los complejos mecanismos de la producción y distribución de los bienes. Me recuerda aquellos versos según los cuales, “todo en amor es triste, mas, triste y todo, es lo mejor que existe”.
Pues bien, la economía es algo tan próximo que nos sale al encuentro a cada paso y por ello debería enseñarse desde los primeros grados para que pudiéramos explicarnos lúcidamente los problemas con los que nos topamos cada día.
Aun cuando la recomendación podía parecer excesiva, lo que es indisculpable es la ignorancia supina por parte de quienes se dedican a la política o de ella viven sin haber oído nombrar a Adam Smith, por lo que incurren a menudo, no sé si involuntariamente, en la incoherencia de su discurso, en el dislate rayano en el desatino de reclamar cosas contradictorias, olvidándose de aquella sentencia que hizo famoso al autor, de que lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. He aquí algunos ejemplos que ilustran lo antedicho:
Es frecuente entonar un canto a la rebaja de impuestos, y a renglón seguido pedir más y mejores servicios públicos sin advertir que, con menores ingresos no puede aumentar la cantidad ni mejorar la calidad de los que presta el Estado. Una cosa u otra, vale; las dos juntas, imposible.
Los mismos que se despachan a gusto contra el excesivo gasto público reclaman más y más subvenciones y desgravaciones tributarias, y desde luego, se guardan bien de indicar por dónde habrá de comenzar la poda. Cuando los beneficios empresariales suben como la espuma, los empresarios lo explican por la excelencia de su gestión en un mercado libre; si, por el contrario, la competencia les arrincona, claman al Estado, antes denostado por intervencionista, que les saque del atolladero frenando las importaciones, para “poder mantener los puestos de trabajo” o para evitar que nuestras empresas caigan en manos del capital extranjero, como si del diablo se tratase. Un ejemplo actual nos lo proporcionan los políticos que condicionan la existencia de las cajas de ahorro a su “galleguidad” como si las foráneas o los bancos no cobrasen los mismos intereses e iguales comisiones. Lo más sorprendente es que haya líderes políticos o sindicales con eco en los medios de comunicación dispuestos a secundarles, sin importarles un ardite que los impuestos de los contribuyentes encuentren un imprevisto destino como es el de ir a parar a los bolsillos de los particulares, en una extraña política de redistribución de la renta a la inversa.
El tema de las inversiones extranjeras concita las más diversas y contrapuestas opiniones. En principio todos aceptamos que si el ahorro nacional es insuficiente o no suficientemente emprendedor para financiar las obras necesarias o crear empresas y mejorar el nivel de empleo, bienvenidos sean los capitales de otros países y hasta aplaudimos que funcionarios o banqueros peregrinen a los centros financieros internacionales para seducir a los inversores. Pero tan pronto como tal o cual sociedad es comprada, “opada” o absorbida por otra extranjera, aparecen celosos defensores de nuestras esencias patrias para advertirnos del riesgo de la colonización en perjuicio de los sagrados intereses nacionales. El espíritu tribal está tan a flor de piel que hasta recelamos si los postores son vecinos de otra comunidad autónoma. ¿En qué quedamos? ¿Es el capital internacional intrínsecamente perverso y por ello paga peores salarios, engaña a los consumidores o juega a arruinar la economía nacional? Hasta ahora nadie ha podido probar tales supuestos Si así fuera tendríamos que demostrar con hechos que nuestros empresarios son más bienhechores y filántropos cuando se establecen en otros mercados para convencer, por ejemplo a nuestros vecinos portugueses que no se preocupen por lo que ellos llaman invasión del capital español
El aldeanismo es tanto más estrambótico ahora que la economía se ha globalizado y que un mundo pacífico y próspero es indisociable de la libre circulación de personas, mercancías y capitales. Lo que sí es exigible es que todos empleemos las mismas armas.

jueves, 1 de septiembre de 2011

Morir de éxito

Salvo error por mi parte, fue Felipe González quien dijo que también se puede morir de éxito. Tal parecer ser el caso de las Cajas de Ahorros cuya mayor parte se debate entre la amputación o la desaparición.
Hasta 1977 estas entidades llevaban una vida tranquila en su ámbito de actuación municipal, provincial o autonómico como piezas secundarias del sistema financiero, impulsando el pequeño ahorro – al que premiaban con motivo del “Día Universal del Ahorro” el 31 de octubre de cada año -, la concesión de créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas y a la inversión en fondos públicos, todo ello con arreglo a los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. El excedente se repartía entre la constitución de reservas y la realización de obra social. Esta última equivalía a los dividendos de la banca.
En agosto de dicho año, el gobierno de UCD, a instancia de Enrique Fuentes Quintana, a la sazón vicepresidente del Ejecutivo, fue promulgado un Decreto que equiparaba la operatoria de las cajas a la de los bancos, con tanto éxito que aquéllas alcanzaron el 50% del sistema financiero. A partir de ahí, la expansión no tuvo límites. Se multiplicaron las sucursales no sólo en el territorio nacional sino en el extranjero; se tomaron participaciones, incluso mayoritarias, en empresas industriales y de servicios; se concertaron créditos sindicados y se amplió la cartera de créditos con una laxa evaluación del riesgo contraído, incurriendo además en una excesiva concentración en el sector de la construcción residencial.
Como los depósitos de los ahorradores no crecían al mismo ritmo que las inversiones, hubo que recurrir al endeudamiento en los mercados internacionales, con el riesgo añadido de que la devolución venciera antes de recuperar los créditos concedidos.
Con la burbuja inmobiliaria se desató la euforia, las cajas olvidaron las reglas elementales de prudencia y se incurrió en riesgos fuera de control, sin que el Banco de España, como organismo regulador y supervisor hiciera uso de sus atribuciones para prevenir los excesos. Se trataba de incrementar el volumen de negocio por encima de todo y con ello los beneficios como objetivo prioritario en detrimento de la función social, como si la ganancia fuera el fin exclusivo de las cajas que habían nacido como instituciones benéfico-sociales para combatir la usura, carácter que formaba parte de sus señas de identidad.
Los errores sólo se reconocen cuando son visibles sus efectos negativos, y a menudo, demasiado tarde. Entonces hay que emplear remedios duros, medidas dolorosas y tratamientos largos que es lo que ahora está ocurriendo.
El despertar a la realidad se produjo cuando se hizo visible la crisis de insolvencia de los bancos anglonorteamericanos que fue seguida por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España lo cual puso de manifiesto los errores y abusos cometidos, lo que obligó a muchas cajas a salvar los muebles transformándose en sociedades bancarias con la ayuda financiera del FROB y con el resultado predecible de poner en serio peligro la supervivencia de la Obra Benéfico Social. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Más de 130 años de historia están a punto de ser borrados de un plumazo. Lo que fue pensado como un medicamento vigorizante tornose tóxico. Entre la cumbre y el precipicio sólo se interpone un resbalón.

martes, 30 de agosto de 2011

Franco y Castro: analogías y diferencias de dos dictadores

Para bien o para mal, según el punto de vista del observador, España y Cuba han soportado sendas dictaduras en el siglo XX que se prolongaron en el tiempo más de lo que cabía esperar. Fueron sus protagonistas Francisco Franco y Fidel Castro, dos hombres que, pese a profesar ideologías antagónicas, reúnen curiosas similitudes, más allá de su común oriundez galaica, y de haber alcanzado el poder por obra y gracia de guerras civiles si bien esto último sólo puede admitirse con matices, toda vez que la presidencia de Batista había sido fruto de un golpe de Estado.
El estilo de sus gobiernos se ajustó al modelo que prescriben los cánones autocráticos: acumulación en sus personas de todos los resortes del mando, fomentar el culto a la personalidad hasta la saturación; supresión de las libertades individuales y derechos fundamentales; eliminación de los partidos políticos, sustituidos por un partido único que sirve de soporte ideológico al nuevo régimen; extinción de las organizaciones sindicales; apoyo sin fisuras de las fuerzas armadas convenientemente depuradas; y empleo de manifestaciones de masas como patente de legitimidad.
Franco ostentó los cargos de jefe de Estado, presidente del gobierno, jefe supremo del ejército y jefe de Falange; Castro, por su parte, acumuló los títulos de comandante en jefe, primer secretario del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. El primero se autodenominó caudillo, y el segundo, a pesar de no ser militar, se arrogó el título de comandante. El partido único español se denominó Movimiento Nacional; el cubano se nombró simplemente comunista.
A pesar de sus ideologías diferentes y contrapuestas, el paralelismo se muestra en el ejercicio del poder: ambos gobernaron con astucia y frialdad. Desconfiaron de todo y de todos -el líder cubano siempre iba armado- a excepción de sus hermanos Nicolás y Raúl, y no les tembló la mano a la hora de deshacerse de disidentes, aunque se tratase de colaboradores próximos. El Caudillo, apartó entre otros, a su cuñado Ramón Serrano Súñer y a Dionisio Ridruejo, y defenestrados por el Comandante fueron Huber Matos y Camilo Cienfuegos.
Ambos líderes se negaron a evolucionar hacia regímenes democráticos, devolver la voz al pueblo, demostrando implícitamente la nula confianza en él, por más que aseguraran contar con su aprobación, nunca puesta a prueba.
Los dos regímenes que partieron del exterior (uno de Marruecos y el otro de México), se crearon y medraron al amparo de poderes extranjeros, del fascismo italiano y del nazismo alemán, sustituidos más tarde por el gobierno norteamericano de una parte, y del comunismo soviético reemplazado en parte por el comunismo chino, de otra. Entrambos sobrevivieron a la caída y desaparición de los sistemas que les inspiraron y protegieron: uno a la derrota del Eje; otro del desplome del socialismo real. Los dos sufrieron el asedio exterior y los dos lo superaron a cambio de que sus pueblos pagaran las consecuencias del aislamiento internacional. En 1945 la ONU recomendó retirar las embajadas de Madrid y en 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), y muchos países rompieron sus relaciones con La Habana. La reacción de nuestros personajes consistió en ocupar las plazas públicas emblemáticas (la de Oriente en la capital española y la de la Revolución en la cubana) para convocar manifestaciones populares, gracias a su manipulación, de la opinión pública, para mostrar la adhesión de la población.
La fortuna se alió con ambos dictadores. Así, Franco aplastó la irrupción del maquis y Castro derrotó la invasión de Playa Girón. No solo en estos casos tuvieron la suerte de cara. Al primero le favoreció la muerte en accidente de aviación de los generales Sanjurjo y Mola, así como el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, los tres, posibles rivales en potencia. Al autócrata caribeño le benefició la marcha de Ernesto Che Guevara y su muerte en la selva boliviana. Su buena estrella les permitió salir indemnes de los atentados urdidos contra ellos, que en el caso de Castro se cifran en 600.
Ambos creyeron dejar asegurado el futuro de su régimen tras la muerte a pesar de que la falta de descendencia masculina les impidió fundar una dinastía. En el caso español, la historia ya sentenció lo contrario; el porvenir del cubano está por conocerse, pero nadie apuesta por su supervivencia.
Tanto en España como en Cuba, los dos regímenes antidemocráticos se sirvieron del espionaje como arma defensiva para prever disidencias, descubrir desviaciones y castigar por simple sospecha, valiéndose de tribunales especiales y apoyo a la delación.
El régimen español creó la siniestra Brigada Político-Social y el cubano implantó los Comités de Defensa como “un sistema de vigilancia colectiva revolucionario para que todo el mundo sepa lo que hace el vecino que vive en la manzana”.
La suerte de que hablaba antes, se manifestó hasta el final, con lo cual no tuvieron necesidad de justificar sus actos . Franco murió en la cama y dijo que solo se sentía responsable ante Dios y ante la historia, tribunales ambos de acreditada efectividad. Castro, por su parte, salvado “in extremis” de una grave enfermedad, vive sus últimos años sin conciencia de haber hurtado al pueblo su libertad y bienestar, convertido en un mito de la revolución.
Ninguno de los dos jefes de Estado acertó en prestar a su patria el mejor servicio a su alcance, esto es, facilitar el paso a la normalidad democrática antes de que la muerte cumpliera su papel. En lugar de eso, sólo cuando la enfermedad truncó sus ansias de longevidad delegaron sus poderes a espaldas de lo que el pueblo pudiera desear. Franco lo hizo en el príncipe Juan Carlos, convencido de que dejaba todo atado y bien atado, y Castro, en su hermano Raúl, cuatro años más joven aunque a la edad de 76 años.
Obviamente, no todo fueron analogías o semejanzas pues no se trataba de gemelos: el dictador hispano representaba la derecha y el caribeño la izquierda. El primero organizó el Estado desde un principio partiendo de cero; el segundo mantuvo inicialmente un aspecto de legalidad con Osvaldo Dorticó Torrado como presidente de la República entre 1959 y 1976. Otra diferencia de comportamiento está en las salidas al exterior. Franco solo viajó a Hendaya para entrevistarse con Hitler, a Bordighera, en Italia, para conocer a Mussolini y a Lisboa para encontrarse con su colega portugués, Salazar. Castro, por el contrario, acudió a diversas reuniones internacionales en las que trató de asumir el máximo protagonismo por su papel de David en lucha contra Goliat (EE.UU).
También fue diversa la política seguida al hundirse sus patrocinadores. Franco liberalizó la economía para atraerse el favor y las inversiones de EE.UU. al que además concedió bases militares en 1953, y fortaleció sus relaciones con El Vaticano suscribiendo el mismo año el Concordato que continúa vigente. Tras estos acuerdos vendría el ingreso de España en Naciones Unidas en 1955, la emigración a Europa, el turismo y los planes de desarrollo que impulsaron el crecimiento económico y afianzaron el régimen. El castrismo, con una visión más intransigente se aferró a su ideología, se erigió en enemigo irreconciliable del gobierno estadounidense, el cual le correspondió con el embargo y el boicot, y solamente se avino a abrir la isla al turismo.
Hay que anotar otra diferencia consistente en la construcción faraónica por Franco del Valle de los Caídos con el falso pretexto de la reconciliación de los españoles, iniciativa que no fue imitada por el líder cubano.
En conjunto, las afinidades de dos autócratas separados por el Atlántico son más que notables y configuran personalidades que Plutarco podría incluir en su “Vidas paralelas” por el papel histórico que desempeñaron. En ausencia del célebre biógrafo griego, esperan que un dramaturgo les haga intérpretes de su obra a semejanza de los que Shakespeare hizo en “Coriolano y Julio César”.
Varias lecciones de interés pueden extraerse de ambos casos estudiados. La primera es que cuando un dictador se apropia del poder es sumamente difícil desalojarlo porque controla todos los resortes y consigue la cooperación de un amplio grupo de acólitos, intelectuales orgánicos convertidos en panegiristas y aduladores, unos seducidos por la propaganda y otros muchos atraídos por el deseo de medrar al amparo de la nueva situación. A menudo, sólo la muerte o incapacidad del líder abren la puerta a la transición política.
Otra lección de las dictaduras es que tienden a extender la corrupción, facilitada por la ausencia de un poder judicial independiente y de la arbitrariedad con que se resuelven los conflictos de intereses. De hecho, las leyes, cuando existen se aplican con discrecionalidad, sin que la opinión pública, privada del derecho de libertad de expresión, entre otros derechos y libertades, sea tenida en cuenta.

martes, 23 de agosto de 2011

Expectativas electorales

Comprendo y comparto el sentimiento de enfado, indignación y cabreo que embarga a los españoles en general, y a quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones en particular, por la torpe gestión del gobierno de las finanzas públicas, el tardío y errático tratamiento de la crisis y los bandazos de las políticas sociales.
Por estos hechos, las encuestas predicen una rotunda victoria del PP en los comicios del 20N, y si acertasen, no sería motivo para echar las campanas al vuelo o rebosar de entusiasmo. Efectivamente, la alternancia no puede despertar ilusiones. Nos recuerda el paso marítimo entre Escila y Caribdis, dos monstruos mitológicos que moraban a ambas orillas del estrecho de Mesina entre la península italiana y la isla de Sicilia. Los navegantes que esquivaban uno de ellos caían en las fauces del otro. Es lo que expresa los dichos populares de estar entre la espada y la pared, pasar de Málaga a Malagón o escoger entre lo malo y lo peor.
Esta visión desalentadora no proviene de un ánimo dominado por el pesimismo sino de la observación objetiva de los hechos y de lo que nos han enseñado los gobiernos conservadores inglés y portugués, recién llegados al poder. Todas sus medidas se encaminan a recortar el Estado de bienestar, descargando el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y la clase media, porque a los pobres no se les puede exprimir más.
Tanto el tratamiento efectuado por el gobierno socialista como el que cabe esperar del PP, es doblemente perverso. Lo es por el enfoque injusto de los recortes. Y lo es también porque al reducir las inversiones públicas, al contraer la actividad económica, crece el paro y remite “ad calendas grecas” la salida del túnel en que nos hallamos Se ha olvidado la receta de Keynes para revertir el proceso del estancamiento y por ello se ve con temor la aparición de la segunda recesión, que es el peor escenario que podíamos desear.
Desconocemos los programas electorales de los partidos, pero lo que pueden ofrecer los socialistas ya lo sabemos, y a juzgar por las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, ambos se van a parecer como dos gotas de agua. Realmente, los programas se enfrentan a un arriesgado dilema: si reconocen la profundidad de la crisis y piden sacrificios y austeridad, los votantes les darán la espalda: si, por el contrario, ofrecen una taumatúrgica solución de los problemas pendientes, esto es, crecimiento y creación de empleo sin aumentar impuestos ni tocar las prestaciones sociales, nos están pidiendo comulgar con ruedas de molino y preparando el terreno para incumplir lo prometido, so pretexto de que la Administración, tal como la encontraron, estaba mucho peor de lo que conocían.
Esto último es lo que se desprende de las declaraciones de Rajoy en entrevistas a la prensa. Afirma que no es partidario del copago, que no quiere subir los impuestos y sí rebajar el de Sociedades en un 5% a los emprendedores; que no está en sus intenciones rebajar el sueldo de los funcionarios ni de mantener congeladas las pensiones. Observarán que no hay una negativa clara sino la expresión de un supuesto deseo. Para conseguir el milagro cuenta con fórmula tan sencilla como es limitar el gasto y el endeudamiento, aprobando una ley de emprendedores y otra de reforma laboral sin concretar su contenido, después de haberse opuesto a la promulgada por el gobierno que solo ha servido para aumentar los despidos y abaratar las indemnizaciones.
Todo hace pensar que lo que se avecina es más de lo mismo y constatamos que tanto los que se hallan al mando como los que parecen estar en puertas, carecen de una hoja de ruta para llevar el barco a buen puerto. Vivimos en una acongojante pobreza de ideas renovadoras, fruto del pensamiento único, y la imaginación creadora brilla por su ausencia, a la vez que vivimos atenazados por el miedo a plantear reformas drásticas de estructuras disfuncionales por obsoletas o injustas.
Ante tal tesitura, ¿qué se puede hacer? Meditar el voto y aportar ideas revolucionarias, que no violentas, comenzando por el reparto equitativo de las cargas y la exigencia de que rindan cuentas quienes por su ciega codicia provocaron el maremoto económico y financiero en que nos encontramos.

martes, 16 de agosto de 2011

Protestas justificadas

Cuando los manifestantes “indignados” del Movimiento 15 M reclaman Democracia Real Ya, nos recuerdan que la que tenemos adolece de muchas deficiencias que a todos nos gustaría ver subsanadas, a fin de mejorar su funcionamiento.
La democracia, a imitación de la libertad, nunca podrá ser plena porque la perfección es inalcanzable en nuestro mundo imperfecto. Etimológicamente significa gobierno del pueblo, pero el pueblo lo formamos todos y todos no podemos mandar porque es preciso que haya quien obedezca sopena de caer en la anarquía. Por ello delegamos la facultad de gobernar en los políticos, seleccionándolos por medio del voto, en virtud de un contrato implícito para el cumplimiento de su programa electoral. Por este procedimiento conformamos una democracia representativa donde la participación deviene simbólica si se reduce a depositar unas papeletas en las urnas.
La tarea de gobernar la monopolizan los políticos, los cuales, lamentablemente, tienen muy mala prensa, tanto por lo que hacen como por lo que eluden u omiten. Las causas de su desprestigio son imputables, en parte, a su quehacer personal, y en parte, a su dependencia de los respectivos partidos.
Entre las primeras destacan los casos de corrupción en que incurren muchos de sus conmilitones; la propensión al transfuguismo mediante el cual desertan de la formación política por la que se presentaron y se ponen al servicio de otra; aprobar o condenar actuaciones o situaciones anómalas en función de los intereses de sus partidos, rebatir las acusaciones de malas prácticas con el consabido latiguillo “y vosotros más”; otorgar subvenciones o prebendas con criterios de amiguismo, clientelismo y nepotismo. En resumen, se les acusa de alejarse de la realidad social y de actuar con una patente ausencia de ética.
Las inculpaciones a los partidos -que afectan al descrédito de sus lideres y dirigentes- comprenden la falta de democracia interna como se refleja en la designación a dedo de sus candidatos al margen de la voluntad de las bases: servirse del transfuguismo para plantear mociones de censura como vía de acceso al poder; financiarse con métodos ilícitos, incumplir los programas electorales con los que se presentaron, privatizar empresas y servicios públicos en beneficio de grupos económicos afines, y finalmente, convertir al Estado en colaborador sumiso de los poderes económicos y financieros.
De las carencias u omisiones, resalta la falta de medidas favorecedoras de redistribución de la renta entre personas y territorios, a fin de atenuar las excesivas desigualdades personales y territoriales.
Otro vacío notable es la carencia de una ley de transparencia administrativa que garantice el acceso de los ciudadanos a los datos, documentos y estadísticas de las Administraciones y de los organismos públicos, como expresión genuina de la democracia real.
Lo más deseable sería que las protestas, en lo que tienen de razonable y justo, fueran acogidas por los gobernantes, de modo que se tradujeran en proyectos de ley capaces de transformar el marco jurídico de la sociedad y hacer más atractiva la democracia.

domingo, 7 de agosto de 2011

La figura del cacique

Aunque el cacicazgo ha perdido terreno en los últimos tiempos todavía sobrevive y conserva vigor y profundidad en las zonas rurales del país. La figura del cacique ha sido y es denostada, hasta el extremo de convertirla en una especie de muñeco del pim pam pum, a la que se lanza toda clase de dardos envenenados.
La mala prensa que tiene es reflejo de las definiciones que de la voz cacique y sus derivados nos da el Diccionario de Real Academia. Así, el nombre, de origen caribeño, alude a “una persona que en el pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos públicos o administrativos”; caciquear es “entrometerse uno en lo que no le incumbe”, y caciquismo sería la “dominación e influencia del cacique en un pueblo o comarca”.
A mi juicio, no siempre se ajusta a la realidad la opinión negativa que acompaña a este personaje sociopolítico que ha sido, y en cierto modo, sigue siendo pieza clave en la vida de muchos “pueblos o comarcas” y en la política nacional.
Más que al cacique, a quien cabe condenar es al sistema socioeconómico que mantiene, sobre todo en el campo, el atraso y la ignorancia, lo que en cierto modo hace posible y hasta necesario el cacicazgo para remediar, al menos en parte, los efectos del abandono y el mal funcionamiento de las instituciones.
He tenido ocasión de tratar a una persona que ejerció muchos años de cacique de su pueblo y me ha hecho ver las mil facetas que convergen en el oficio, y me permitió conocer su “modus operando” que prueba un notable talento natural y adaptación al medio. Normalmente asume el cargo alguien con una cultura superior a la media local, con una situación económica desahogada, es excelente conocedor del territorio y de sus gentes, con una cierta dosis de vanidad que busca el halago y el dominio de valiosas relaciones sociales en ámbitos fuera de su residencia, especialmente entre la clase política. Convengamos que reunir todas estas cualidades no está al alcance de cualquiera.
Es una autoridad informal que ejerce en el pueblo el papel de conseguidor de bienes y servicios de interés común, como puede ser dotarlo de agua corriente y saneamiento, recogida de basuras, asfaltado de caminos, concentración parcelaria, etc. También es proclive a ejercer su influencia para solucionar problemas particulares A una familia le proporciona la beca de un hijo, a otra le facilita los trámites para ser operado uno de sus miembros aunque tenga que saltarse las listas de espera, y a una tercera le consigue una recomendación para que un hijo pueda ocupar un puesto en la Administración, pues conoce la vida y milagros de sus vecinos y sabe quien necesitas la ayuda y quien no.
Todos estos favores le granjean el cariño, o cuando menos el respeto de sus convecinos, y a los críticos les infunde temor, con lo que muy pocos osan contradecirle a pesar de que con su conducta también siembra enemigos. Son muchas las personas que acuden a él para pedirle consejo sobre los asuntos más diversos. Si alguno escribiera sus memorias nos asombraría su forma de pensar y la de actuar de los paisanos.
Por ejemplo, el caso de vecinos que aparentan ser más ricos de lo que son o el de rivalidades entre familias y entre las aldeas limítrofes.
La base para realizar con éxito sus gestiones es el mantenimiento de buenas relaciones con la Iglesia y con las autoridades provinciales y autonómicas a las que visita con cierta asiduidad con algún estudiado obsequio o las invita a comidas pantagruélicas en su casa.
Dueño del apoyo popular, no es infrecuente que el cacique sea también alcalde de su pueblo, tanto cuando el cargo era provisto a dedo por el gobernador civil como ahora en democracia, siendo elegido y reelegido un mandato tras otro. Un ejemplo paradigmático los constituye el alcalde de Beade (Ourense), que cogió el bastón de mando de manos del franquismo y lo conserva en 2011 con más de tres décadas de ejercicio. Desde la alcaldía el poder y la influencia del cacique se multiplica. Arranca promesas de la Diputación y de las consellerías, ofreciendo como contrapartida de sus peticiones los votos cautivos del municipio y ambas instituciones saben que sin su respaldo no se pueden ganar las elecciones. De esta manera refuerza su prestigio y aumenta las posibilidades de lograr inversiones públicas aunque sean de corto alcance. Huelga decir que su ideología es, por lo general, conservadora, lo que permite que conviva más amigablemente con gobiernos afines y con las autoridades eclesiásticas.
A veces el cacique de pueblo remonta el vuelo y se convierte en presidente de la Diputación desde donde el control electoral de la provincia se ejerce a través de la red de caciques locales que pagan con su adhesión los favores recibidos. De ello es una buena prueba el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, cuyo poder es tan firme que le echó un pulso a Fraga y lo ganó. Su arrogancia es tan evidente que se permitió transmitir el cacicazgo a su hijo nombrándole presidente del PP provincial con el designio de que le sustituya en la institución provincial.
La única forma de erradicar el caciquismo sea probablemente difundir la cultura, concienciar a la ciudadanía de que tiene derechos y deberes y fomentar la democracia participativa que impida el clientelismo como moneda de pago de favores. El objetivo no parece alcanzable a corto plazo.

lunes, 1 de agosto de 2011

Capitalismo versus Socialismo

Frente al mantra de la derecha más o menos ultra, sobre la muerte de las ideologías y que ya no existe derecha ni izquierda, la realidad cotidiana se encarga de desmentir tales afirmaciones y demostrar que siguen vivas y vigentes.
Aparte del respeto a la tolerancia y las libertades, es en el terreno económico donde más se ponen de relieve las diferencias de comportamiento individual y colectivo.
El más reciente episodio donde puede apreciarse el contraste, quizás sea lo que está ocurriendo en África Oriental, también llamada Cuerno de África, y más crudamente en Somalia.
Este país está sufriendo la más extrema sequía de los últimos sesenta años que comporta la pérdida de las cosechas y la muerte por inanición del ganado. La situación se ha vuelto tan dramática que ocasiona el hambre masiva, el desplazamiento de 2,5 millones de somalíes y dio lugar a que Naciones Unidas declarase oficialmente el estado de hambruna en dicha región.
Como sucede normalmente en situaciones análogas bajo el imperio de la libertad de mercado, santo y seña del capitalismo, cuando aumenta la demanda y disminuye la oferta, los precios se disparan, y en Somalia se quintuplicaron.
La gente huye despavorida de la miseria y el hambre hacia Kenia, que también padece la escasez de lluvias, y se dirige a los campos de concentración, ya sobresaturados, donde son insuficientes los medios para socorrerla. Como ejemplo se cita el de Dadaab, construido en 1991 con capacidad para acoger a 90.000 personas y donde viven 390.000 refugiados, entre los cuales más de 10.000 niños sufren grave desnutrición.
¿Qué reflexiones cabe hacer ante este desastre humanitario? Sin duda, las causas son múltiples, tales como el histórico atraso económico, la profunda pobreza, la arraigada corrupción, la quiebra de la organización social y la violencia política y religiosa. Sobre este conjunto de desgracias ha caído como un rayo la falta prolongada de lluvias que ha hundido la agricultura y la ganadería, únicos medios de subsistencia.
Ante la dimensión de la catástrofe, la ONU pidió a la comunidad internacional 1.600 millones de dólares, y tanto las naciones como las ONG se movilizan para conseguirlos, pero para muchos somalíes la ayuda llegará tarde. Y el retraso no se debe a la súbita aparición de la emergencia, ya que la ONU cuenta con organizaciones especializadas como la FAO –que recientemente cambió su director general- para conocer la situación y por su parte las ONG presentes en el país, alertaron con tiempo de lo que se avecinaba. Aunque la reacción sea tardía, confiemos que sirva para evitar la continuación de la hambruna como la que en 1984 mató a un millón de personas en Biafra y los 300.000 somalíes en 1992.
En relación con el primer párrafo de este artículo, podemos pensar como debería haber reaccionado un régimen socialista en un caso como el de Somalia. Aparte de poner a contribución todos los medios disponibles para la importación de comestibles, las existencias se repartirían equitativamente con atención especial a niños y ancianos, llegando en último término a la incautación para evitar las maniobras especulativas. La libertad de mercado, en situaciones de crisis, puede atentar contra el sagrado principio del respeto a la vida.

miércoles, 27 de julio de 2011

La confusión de la izquierda

Desde que en 1989 se produjo el desplome de los mal llamados regímenes comunistas de Europa central y oriental, se ha acentuado la orfandad ideológica en la que vive la izquierda política, de la que bien podría decirse que, a partir de entonces, ha perdido la brújula y no encentra mejor guía intelectual para respaldar su quehacer que apuntarse a un pragmatismo romo, que lo que en realidad esconde es la carencia de ideas claras y de principios sólidos orientadores y definitorios.
Aun cuando la desorientación ideológica es un fenómeno de ámbito mundial, por razones de economía de espacio, limitaré el análisis a los aspectos que ofrece el escenario español.
Donde es más evidente la confusión es en el terreno político. El PSOE, cuando alcanzó el poder, olvidó los principios por los que luchó desde su fundación y privatizó las empresas públicas que continuó el PP, proclamó sin recato la superior eficacia de la empresa capitalista y puso esta valoración en práctica tanto a escala nacional como local. Ha habido sociedades a las que la gestión privada llevó a la quiebra que fueron recapitalizadas con recursos presupuestarios y cuando produjeron de nuevo beneficios fueron devueltas a la iniciativa privada, aplicando el perverso principio de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Es a todas luces injusto cargar al sector público con empresas inviables y sostener después que la gestión es ineficiente, y es inadmisible postular la máxima libertad para la iniciativa privada si el viento sopla a favor, y clamar por ayudas estatales en tiempos de vacas flacas, cuando aprieta la crisis.
La esencia de la empresa privada es su disposición a asumir riesgos, y solo en su virtud se justifica el beneficio a que aspira. El empresario actúa como una especie de profeta que triunfa cuando el mercado le da la razón y se arruina si se equivoca. Eliminar el riesgo empresarial atenta contra la naturaleza del sistema.
Por ello, no parece lógico que los gobiernos socialistas hagan almoneda de las empresas públicas, saneándolas previamente con recursos de los contribuyentes. Para muchos es una verdad inconclusa el fracaso del intervencionismo en la economía, pero cuando asoma la crisis se pone en solfa el neoliberalismo económico que tuvo por ideólogo principal al economista norteamericano Milton Friedman y como discípulos aventajados a la pareja formada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los cuales no solamente empobrecieron a las clases menos favorecidas sino que plantaron la semilla que fructificaría más tarde en la recesión de 2008, de la que sus epígonos no saben cómo salir. En esta tesitura, la izquierda se ha quedado sin ideas y actúa donde gobierna con un galimatías en el que mezcla liberalismo e intervencionismo, libre competencia y dominio de mercados, libertad empresarial y proteccionismo, como si fuera posible mezclar el agua y el aceite. Y todo ello amparado en la fórmula confusa de la economía mixta que dentro de límites imprecisos y variables rige en los países industrializados, sin que se acote el campo que se asigna al capital y el que se reserva a las empresas públicas.
Otro terreno en el que difiere el enfoque entre izquierda y derecha es el fiscal, tanto en su aspecto cuantitativo como en la preferencia por una determinada clase de impuestos. La derecha suele ofrecer a los electores rebajas fiscales en los impuestos directos que siempre son bien acogidas sin reparar que conllevan un empeoramiento de la protección social o de inversiones de interés general, a cambio proponen incrementar los indirectos que gravan el poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas. Lo normal es que el punto de vista de la izquierda sea el contrario, pero la socialdemocracia teme que eso le haga perder votos y en consecuencia, adapta las promesas electorales a las de sus competidores. Así, el PSOE redujo las tarifas del IRPF que costó a la Hacienda 10.000 millones de euros y suprimió el tributo que grava los grandes patrimonios que supuso otros 1.800 millones.
Esta actitud contraria al ideario socialista explicaría las derrotas electorales que cosecha la izquierda en la mayoría de los países, lo que indica que para políticas conservadoras, la gente prefiere a la derecha que, al menos, no engaña. Siempre es mejor el original que la copia.
Una materia en la que sin mayor justificación discrepan los partidos mayoritarios españoles es la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Mientras el PSOE aboga por la prohibición de nuevas centrales nucleares y el cierre de las existentes, el PP defiende la conservación de las mismas más allá de su vida útil (40 años) si se garantiza su seguridad.
Más allá de los postulados de la Revolución francesa (libertad, igualdad y fraternidad) su aplicación a los problemas actuales se concreta en valores como los siguientes, que son a modo de distintivos de la izquierda:
Educación pública universal y gratuita, ecología, política de inmigración, laicismo, despenalización del aborto en determinados supuestos, emancipación de la mujer, derechos humanos, antiimperialismo, antinacionalismo, tributación directa y progresiva, justicia social y fortalecimiento del Estado.
Es justo reconocer que algunos de estos principios, aunque rechazados en su origen, terminaron siendo asumidos por la derecha sin mucha convicción. Tal ocurre, por ejemplo, en lo referente a los derechos igualitarios de la mujer, la ecología, la despenalización del aborto en ciertas situaciones o en los derechos humanos. Todo esto al mismo tiempo en que el PSOE cede terreno en su ideología, creándose así una confusión conceptual que conduce a la indefinición ideológica que desorienta a quienes las ideas claras. al respecto.
Si por un lado la socialdemocracia defraudó por sus resultados, tampoco el capitalismo neoliberal, ahora dueño del campo es la solución que el mundo demanda, y si ha pervivido desde los tiempos de Adam Smith, se debe a su camaleonismo, puesto que el que ahora conocemos se parece muy poco al del primitivo “laissez faire, laissez paser”. De lo que se desprende que si no aparece un nuevo Keynes que lo renueve, tendrá que surgir un Marx que lo destruya.
En todo caso se hace preciso que la política se adecue a los principios y no a la inversa, porque ello denotaría la ausencia de criterios sólidos que llevarían a la adopción de medidas erráticas y arbitrarias con riesgo de caer en la demagogia, más válidas para preservar intereses partidistas que para defender el bien común.

lunes, 18 de julio de 2011

Malthus 2011

Cuando en 1798 publicó Thomas Robert Malthus (1766-1834) el que sería famoso “Ensayo sobre el principio de población” planteó una cuestión que no solo no perdió vigencia sino que ha ido aumentando la actualidad de sus predicciones hasta el punto de convertirse en uno de los principales motivos de preocupación de nuestra época. Se trata de lo que se ha dado en llamar la explosión demográfica, que es a su vez fuente de otros muchos problemas.
La tesis de Malthus ea sumamente sencilla, como lo son las grandes ideas geniales. El hombre, como todo ser viviente lleva en sí el instinto de multiplicarse, y si no encuentra ningún obstáculo, la población aumentará en progresión geométrica. Como al mismo tiempo, en virtud de la ley de rendimientos decrecientes, las subsistencias se incrementarán en progresión aritmética, llegará el momento en que la Tierra no pueda alimentar a sus pobladores. Descartando como remedios correctores las guerras y las enfermedades -a pesar de que ambas surten efectos letales- Malthus propuso la continencia voluntaria y el matrimonio tardío como formas de controlar la natalidad.
Muchos detractores se han empeñado en desacreditar las pesimistas predicciones maltusianas, pero los hechos, que no se atienen a los miedos de unos ni a los deseos de otros, nunca han dejado de dar la razón al pastor de Albury. Un siglo después de la aparición de su libro, la población se había duplicado y transcurrido el segundo se ha multiplicado por seis y sigue creciendo año tras año a pesar de las numerosas guerras acaecidas, de los devastadores desastres naturales de las hambrunas y de las epidemias. No parece ningún disparate plantearse la cuestión del límite de población que el globo puede soportar y si no lo habremos sobrepasado ya con los 7.000 millones que hemos alcanzado este año.
Cada ser humano interactúa con los elementos de su entorno (físicos, biológicos y sociales) e incrementa la presión sobre los recursos naturales en medida no cuantificada, pero evidentemente, de un determinado valor. Podemos considerar inapreciable la presencia de un individuo más en el mundo, pero no de los casi cien millones que incrementan la población mundial cada año. A este nivel, el impacto es perfectamente reconocible en aspectos tan relevantes como la deforestación, la erosión, la contaminación, el crecimiento teratológico de las ciudades, la sobreexplotación de las tierras cultivables y de los mares y, en definitiva, las condiciones de habitabilidad del planeta. Según el informe de Naciones Unidas, en 2050 serán 9.000 millones los que disputarán un lugar bajo el sol.
Entre tanto, controversias seudocientíficas, intereses políticos y creencias religiosas (creced y multiplicaos, Dios proveerá, etc.) han impedido que los gobiernos se conciencien de la gravedad del desafío y lo aborden con la seriedad y rigor que requiere.
El precio que se paga por la sobrepoblación lo percibimos en las condiciones infrahumanas en que malviven más de mil millones de personas que se acuestan con el estómago vacío y sobre las cuales cabalgan inmisericordes los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Razones que la razón no comprende explican que hagamos oídos sordos al aviso de Malthus, imitando la conducta del avestruz, como si el problema nos fuera ajeno. La respuesta la dan las 250.000 nuevas criaturas que cada día reclaman un puesto en el banquete de la vida, o los 40.000 niños que en el mismo tiempo mueren víctimas de la desnutrición y de enfermedades curables.
Si no surgen circunstancias imprevisibles que alteren la tendencia, uno piensa si quedará alguien para conmemorar el tercer centenario de la obra profética del célebre economista inglés o habrá sobrevenido antes una hecatombe de dimensiones planetarias.

jueves, 14 de julio de 2011

Círculos viciosos y virtuosos

En épocas de bonanza el ejercicio de la política económica se ve facilitado por la concurrencia de factores que, cuando funcionan correctamente se interrelacionan y favorecen mutuamente, y en conjunto, coadyuvan al crecimiento equilibrado de la economía de un país, fomentando la prosperidad general, que es lo que caracteriza la fase alcista del ciclo. Es lo que podríamos llamar un círculo virtuoso. El ejemplo más próximo lo hemos vivido los españoles entre los años 1996 y 2007, un período tan largo que hizo pensar en la superación de la teoría de los ciclos.
El crecimiento económico de Occidente, impulsado por la prologada expansión de EE.UU. propició el aumento de las exportaciones españolas, las inversiones extranjeras y la llegada de turistas, todo lo cual redundó en el incremento de la actividad económica y la mejora de la balanza por cuenta corriente. La mayor actividad se tradujo en la creación de empleo, lo que tuvo su reflejo en la elevada recaudación fiscal y de la seguridad social que propició el equilibrio presupuestario e incluso el superávit en algún ejercicio. La reducción del déficit y el impulso de la competencia frenaron las tendencias inflacionistas atenuadas también por la bajada del precio de las materias primas y la de productos energéticos de los que España es extraordinariamente dependiente.
La relativa moderación del IPC propició la rebaja de los tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo en la Eurozona, lo que favoreció el consumo y la inversión a crédito, abarató el coste de la deuda pública y favoreció el equilibrio presupuestario. Se había logrado el cuadro mágico de crecimiento económico, estabilidad de precios, ausencia de déficit, mejora del empleo y equilibrio exterior. Esta situación constituye la felicidad de los ministros de hacienda.
Pero la economía es un proceso dinámico sometido a los intereses contrapuestos de los agentes económicos (Estado, empresas, familias) cuyo resultado tiende al desajuste por el crecimiento desigual de las distintas magnitudes macroeconómicas. En prever a tiempo estos desfases y evitarlos, consiste el acierto de la política económica anticíclica que pocas veces se logra de forma duradera.
En lugar de eso, los gobiernos omitieron medidas regulatorias que frenaran las maniobras especulativas en la creencia de que el mercado se autocorrige y ello impulsó el cambio de coyuntura y la entrada en un círculo vicioso. En lugar de emplear el superávit fiscal en la amortización de la deuda pública, incrementar las reservas de la seguridad social y dedicar más recursos a la formación profesional e I+D, se suprimió el impuesto del Patrimonio y Sucesiones, es decir, los que favorecen a los más adinerados, así como rebajar 400 euros a los contribuyentes y conceder 2.500 por cada nacido sin tomar en consideración el nivel económico de la familia progenitora.
Entre las omisiones más notables figura la de regular el sistema financiero y contener el auge excesivo de la construcción que se derrumbó con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Se pudo haber evitado el desastre imponiendo a las entidades financieras un mayor coeficiente de caja, y limitando su endeudamiento exterior. En lugar de eso se les dejó operar libremente y al estallar en agosto el año anterior en Estados Unidos la crisis, aquí nos encontramos con un enorme stock de viviendas invendibles, construidas o en construcción con créditos incobrables y con bancos y cajas de ahorros endeudadas en los mercados mayoristas y abocadas a unas tasas de morosidad imparables.
Nos hallamos pues, en pleno círculo vicioso con factores concatenados que tienden a multiplicar los efectos dañinos de la crisis. Las entidades financieras, apremiadas por su apalancamiento y la morosidad de sus clientes, cierran la espita del crédito a las empresas; éstas, asfixiadas por la falta de liquidez, cancelan proyectos, reducen inversiones y recortan plantillas sin poder evitar verse abocadas al cierre. El paro crece, los ingresos de las familias menguan y el consumo se contrae al disminuir la capacidad adquisitiva. El Estado recauda menos impuestos, al tiempo que aumenta el importe destinado a prestaciones de desempleo y suben los intereses de la deuda por la presión de los mercados internacionales. A medida que se debilita la demanda global (gastos e inversiones) el círculo vicioso despliega todos sus efectos negativos y crece el malestar de los más directos perjudicados.
En esta situación, la salida de la crisis se vuelve más y más dificultosa y arriesgada. El Estado se ve forzado a escoger sobre quién descarga el peso del ajuste. Lo más equitativo sería que los que más contribuyeron al desplome fueran los más perjudicados, pero los más poderosos unen a su capacidad de presión, la disponibilidad de fórmulas, a veces admitidas o alentadas por la ley, para hurtar su contribución al bien común. En consecuencia, la carga se distribuye entre los trabajadores, inmersos en el paro masivo, los funcionarios públicos y los pensionistas que, en su conjunto, forman la mayoría de la población y cuentan con menos capacidad de presión.
A punto de cumplirse el cuarto año de la crisis, el panorama socioeconómico sigue siendo muy oscuro. Sólo dos sectores económicos muestran cierto vigor: el turismo y las exportaciones, pero su impulso es insuficiente. El cambio de tendencia sólo puede venir de la generación de confianza y esta requiere que vuelva a fluir el crédito. Desgraciadamente, el sistema financiero, que hace muy pocos años era tenido por uno de los más solventes del mundo, no sabe cómo solventar sus problemas de liquidez y recapitalización, y en esta tesitura, los mercados internacionales aprietan el dogal al cuello: elevan el riesgo país y amenazan con el rescate de España, como antes ejecutaron el de Grecia, Irlanda y Portugal, y para colmo de males, coincide con la inestabilidad política de que se adelanten las elecciones generales y la imposibilidad de los dos partidos mayores de arrimar el hombro. Las perspectivas a corto plazo son por demás sombrías. O se detiene el ataque de los meracados o el propio euro estará en peligro.