Galicia no atrae inversiones

La comunidad autónoma gallega es una de las que viajan en el furgón de cola de las españolas. Su PIB es de los más bajos, y aunque el crecimiento de los últimos años ha sido importante, las demás también han progresado, y por consiguiente, el puesto en el “ranking” no ha variado significativamente.

Para que esta clasificación cambie es preciso incrementar las inversiones que se traducen en una mayor producción de bienes y servicios, y consiguientemente, en la creación de puestos de trabajo. Como el ahorro propio es insuficiente para cumplir el objetivo, se precisa la aportación de recursos procedentes del exterior, y a este respecto se ha conocido recientemente un dato harto desalentador,
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha elaborado un estudio de la cantidad de inversiones extranjeras directas recibidas por España y su distribución regional entre 1995 y 2008 y cifra el total en 250.000 millones de euros, de los que correspondieron a Galicia 1.800 millones, es decir, un 0,7%, que la coloca en el puesto 12 del conjunto de las comunidades autónomas.
En el reparto se llevan la mayor parte Madrid, Cataluña y País Vasco con un valor porcentual del 64,2, 14,9, y 4,5 respectivamente. En conjunto, las tres autonomías absorbieron el 83,5% del total. Son las más desarrolladas del país y tienen muchas probabilidades de seguir ampliando el diferencial. Lo más decepcionante para los gallegos es que el estudio en cuestión califica la comunidad gallega de “atrasada”, señala que la capacidad de captación de recursos foráneos es “baja”, y como resultado de factores negativos, la inversión extranjera es “irrelevante”.
El pobre diagnóstico debería alertar a las autoridades económicas y hacerlas reaccionar para contrarrestar la falta de competitividad para captar inversiones del exterior.
Como es sabido, los capitales se mueven por las expectativas de beneficio que puedan conseguir, y a ello contribuye una amplia serie de factures naturales y sociales que interactúan para conformar los puntos fuertes y débiles de la economía regional.
Entre los primeros cabe citar la situación geográfica próxima a una de las rutas marítimas más frecuentadas del Globo, la que comunica Europa con África y América; la disponibilidad de buenos puertos (Ferrol, A Coruña, Vilagarcía y Vigo); un clima templado y húmedo con escasa incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. En el lado opuesto figuran la desfavorable orografía que dificulta y encarece la construcción de infraestructuras de comunicación con el norte de España y la meseta; la posición periférica con respecto a Europa y la Península, la mediocre calidad edafológica de los terrenos de cultivo; y finalmente, la exigua presencia de materias primas y productos energéticos.
Los factores sociales positivos son, entre otros, una buena calidad de vida, nivel de equipamientos sociales aceptable (educativos, judiciales, y sanitarios); buenas comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas; mano de obra cualificada, con salarios industriales inferiores a los de las comunidades más avanzadas, entorno legal y judicial favorable; sistema financiero desarrollado y eficiente; disponibilidad de terreno en polígonos industriales, y centros de enseñanzas técnicas superiores.
Sólo falta que las Administraciones central, autonómica y local coordinen sus esfuerzos para dar a conocer a las empresas extranjeras las ventajas comparativas de Galicia para captar industrias de tecnología punta y alto valor añadido; impulsar la creación de nuevas empresas de capital riesgo y potenciar las públicas existentes (Emprende, Adiante y Sodiga); crear centros de conocimiento e investigación vinculados a las universidades y fomentar la investigación empresarial: impulsar las infraestructuras de comunicaciones y el uso de Internet y por último, priorizar las inversiones públicas en recursos humanos (enseñanza, investigación y formación profesional dirigida a las nuevas técnicas).
Si se cumplieran estas condiciones, el éxito sería más que probable para que Galicia ascendiese peldaños en la escala del bienestar.

Políticos y actores

Un viejo político y presidente de la República griega, llamado George Papandreu, a sus setenta años se presentó a unas nuevas elecciones, dispuesto a seguir en el ruedo político porque, según declaró, los políticos y actores no se retiran nunca.
Efectivamente, ambas profesiones carecen de fecha de caducidad y manifiestan cualidades comunes que se potencian recíprocamente. La historia reciente registra dos casos elocuentes: uno fue el dos veces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que antes de dedicarse a la política participó como actor de reparto en algunas películas: el segundo fue el papa Juan Pablo II que en su juventud practicó el arte de Talía. Ambos vendieron sus dotes actorales para seducir a las masas. Y se reconocían y admiraban mutuamente. Una primera similitud entre actores y políticos es que ambos actúan cara al público, si bien los primeros lo entretienen con sus interpretaciones, en tanto que los segundos lo aburren o lo cabrean, con la variante de que la influencia que ejercen los actores termina con sus representaciones, en tanto que la de los políticos es más duradera y se ejercen a través de sus decisiones sin que los ciudadanos puedan sustraerse a sus efectos. Por ello los actores nunca pueden ser funestos, mas no así los que viven –y medran- con su actividad vocacional.
Otra afinidad entre dichas profesiones es que a los actores les jubila el público cuando deja de aplaudirles y quienes dedican su labor a la “res pública” terminan su carrera cuando los electores les retiran su confianza en las elecciones. En estos últimos se da con frecuencia el rechazo al retiro y prefieren morir con las botas puestas.
Cabe barajar distintas hipótesis para interpretar la persistente vocación de servicio que alegan. Una de ellas consistiría en reconocer que la dedicación a la política no requiere la concurrencia de especiales cualidades incompatibles con la longevidad. Aun cuando los políticos, por lo general, hablan pestes de la política, son infrecuentes los casos de quienes se despiden de ella por voluntad propia, más bien semejan adictos a lo que se ha dado en llamar erótica del poder.
Como esta posible explicación no parece demasiado convincente habrá que atribuir su empeño al irrefrenable espíritu de servicio a los demás que puede transformarse en sacrificio ajeno a su servicio. Tal debe ser la intención del poeta que en el siglo XIX escribió estos versos: “Aceptando una cartera/ el político don Luis/ dice que hace un sacrificio/ y es verdad, el del país”.
De ahí la responsabilidad que todos contraemos al otorgar nuestro voto a tal o cual candidato que desea gobernarnos. No puede decirse, sin embargo, que el acierto haya acompañado muchas veces a la selección de los elegidos a juzgar por cuantos han protagonizado escándalos de corrupción o han incurrido en los pecados que suelen imputárseles: amiguismo, clientelismos, nepotismo y transfuguismo.
La frecuencia con que se ve defraudada la confianza de los ciudadanos hace temer que abundan demasiado los corruptos y como son salidos de la sociedad hace pensar que el fallo radica en el organismo social que segrega tales especimenes, en cuyo caso se cumpliría la sentencia de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Me resisto a creer que nos merezcamos a los malandrines que pululan por los despachos oficiales.

Sueldos de los políticos

La crisis ha puesto al borde de la quiebra a muchos ayuntamientos y diputaciones, y sus arcas están exhaustas. Procede, por tanto, revisar y reajustar a fondo las partidas de gasto, comenzando por los sueldos de los alcaldes y presidentes así como de los concejales y diputados provinciales, partiendo de que sueldo no es sinónimo de ingresos con cargo al erario público, ni es cosa de valorarlos altos o bajos, pues depende de con quien se comparen: si la comparación se hace con la remuneración del consejero delegado de una gran empresa serían escasos; si se hace con el salario medio, serían elevados. Como dijo el poeta, todo es según el color del cristal con que se mira.

Lo que no admite una explicación convincente es que el tope salarial quede al arbitrio de la propia corporación que, con toda probabilidad será proclive a complacer y halagar al mandamás. Es ilógico que las retribuciones de los cargos políticos dependan exclusivamente de ellos mismos en un ejercicio de Juan Palomo. Los caudales públicos no son “res nullius” ni bienes libres, y los gestores son elegidos para administrarlos con transparencia y escrupulosidad. Faltar a estas condiciones es traicionar la confianza depositada en ellos por los ciudadanos.
En este contexto causa sorpresa la discrecionalidad con que se retribuye a los ediles en concepto de dietas por asistencia a plenos o comisiones con cantidades que varían significativamente entre ayuntamientos sin que se conozcan los criterios empleados a tal fin, como serían, por ejemplo, el importe del presupuesto o la población del municipio.
Es indudable que el ordenamiento jurídico adolece de una laguna normativa al no regular la cuantía, o al menos los topes máximos salariales con cargo al presupuesto, así como el número de concejales con ocupación exclusiva. La ausencia de normas reglamentarias propicia la arbitrariedad y el abuso, en unos casos porque los candidatos van a la política “para forrarse” como declaró en un exceso de cinismo un diputado valenciano; en otros porque los protagonistas sobrevaloran el lucro cesante al aceptar la incompatibilidad del cargo con el empleo o profesión que tuvieran. Salvo escasas y honrosas excepciones la idea de servicio a la comunidad que en teoría es propia del ejercicio de la política, brilla por su ausencia.
Está claro que la dedicación y responsabilidad de gestionar los asuntos públicos merecen ser recompensados, pero es preciso convenir que la democracia ha encarecido la gestión a un ritmo superior al resultante de aplicar a los sueldos el IPC. Ya no se trata de asegurar una retribución digna al regidor, y si acaso al teniente de alcalde, sino de que otros concejales liberados, bien pertenezcan al partido de gobierno o al de la oposición figuren en la nómina, siendo así que su tarea resulta de difícil justificación y que en algunos casos es susceptible de entorpecer la burocracia, dada la redundancia con funcionarios de titulación adecuada para el desempeño de los distintos cometidos.
Cuando tanto se habla de regularizaciones de empleo, congelación de plantillas, moderación salarial y reducción del gasto público, ganaríamos todos con una mayor dosis de racionalidad en la gestión de las corporaciones locales, que son empresas a las que por obligación pertenecemos todos.

Globalización

La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración del bloque soviético en 1991 aceleraron el complejo proceso que conocemos por globalización, que es un fenómeno típico del capitalismo triunfante, al quedarse prácticamente sin rival ideológico.
En la lógica del capitalismo está que el mundo sea un mercado único en el que los capitales circulen libremente a la procura del máximo beneficio de sus dueños aunque estos movimientos vayan asociados a crisis monetarias desestabilizadoras como la que sufrimos desde 2007. Al mismo tiempo, el proceso es compatible con el cierre de las fronteras a los desplazamientos de inmigrantes y a la subvención de las exportaciones de los países más desarrollados que cierran los mercados a las de los países en desarrollo en clara competencia desleal, lo que no deja de constituir una monstruosidad ética y jurídica. En un mercado mundial compiten con ventaja las empresas de grandes dimensiones con sede en los países ricos a causa de las economías de escala porque los gastos fijos no aumentan en proporción directa al volumen de transacciones. Por eso asistimos a una fase creciente de concentración de empresas dentro y más allá de las fronteras nacionales. En esta carrera, favorecida por la crisis, ya es una realidad de nuestros días que las 500 mayores sociedades movilizan el 70% del comercio internacional. El método consiste en la adquisición de otras complementarias o competidoras mediante OPA (oferta pública de adquisición de acciones) amistosas u hostiles, fusiones y absorciones, así como pactos o alianzas entre ellas a fin de ampliar los mercados, restringir la competencia y aprovechar las sinergias que se producen por la integración.
Existen sectores económicos en los que la concentración está llegando al límite como ocurre en la construcción aeronáutica con solo dos empresas dominantes: Boeing en EE.UU. y Airbus en la UE. Y no cabe descartar que a medio plazo ambas actúen, legal o ilegalmente, repartíéndose el mercado o fijando precios de común acuerdo, convirtiendo el duopolio actual en monopolio de hecho. Algo similar se da en consultoría, telecomunicaciones, servicios financieros e industria farmacéutica.
¿Qué efectos son previsibles a medida que avance el proceso de integración empresarial sin límites geográficos? Las grades decisiones las tomarán unas cuantas multinacionales como ya lo hacen actualmente los mercados, extendiendo sus tentáculos a través de los “lobbies” a lo largo del planeta, de modo que los Estados no podrán legislar contra ella aunque quisieran hacerlo Alcanzada esa fase, la esencia del capitalismo, que es la libre competencia, no solamente se habría esfumado sino todo tipo de libertades. Tendremos un poder político subordinado al poder económico, o lo que es peor, ambos en las mismas manos. El control de las macroempresas residirá en el sistema financiero, que a través de participaciones accionariales propias y representadas por delegación, formarán el núcleo duro de los consejos de administración. Estaríamos ante un poder fáctico, no democrático, sin ninguna instancia que pudiera meterlo en cintura. La sociedad hará bien en prevenirse contra este peligro de la globalización que no se extiende a cuestiones de interés general como la justicia o los derechos humanos y de manera especial las organizaciones sindicales que podrían ver invalidada su defensa de los trabajadores por la capacidad de las corporaciones transnacionales de deslocalizar sus factorías trasladándolas a los países en desarrollo donde la presión fiscal y los salarios son más bajos, no existe seguridad social y las leyes son permisivas en materia de protección medioambiental.