domingo, 31 de enero de 2016

Guerra y paz



    Si en una encuesta de ámbito mundial se preguntase por la preferencia entre la paz y la guerra, es más que probable que la inmensa mayoría se inclinase por la paz. Diríase que la aspiración de vivir en un mundo ordenado sin violencia es común a todo el género humano.
    Siendo esto así, sorprende que la cruda realidad cotidiana sea tan distinta y que la guerra semeje una plaga irredimible de la que ningún pueblo se ha visto libre en el curso de la historia, hasta el punto de que ésta constituye un relato inacabable de conflictos bélicos desde que Caín mató a su hermano Abel.
    Indagando las causas de los enfrentamientos armados pienso que una, tal vez, provenga de no apreciar en su justo valor los beneficios que proporciona la paz, como no se aprecia la salud hasta que se pierde, y este error nos lleva a tacharla de aburrida. Otro motivo podría consistir en caer en la tentación de resolver las diferencias  por medio de la fuerza, que es el recurso más incívico de que podemos echar mano a falta de argumentos plausibles, despreciando los medios que la civilización y la cultura  pone a nuestro alcance, como pueden ser el diálogo, la negociación, el pacto, la transacción, el consenso. Cuando el entendimiento no es posible aun se puede recurrir a otras soluciones instituidas como es la mediación o el arbitraje.
    Responsables   de muchas contiendas armadas en el pasado y presente, durante siglos fueron los adeptos de religiones, de manera destacada los fanáticos de las religiones monoteístas que, llevados de su afán apostólico, pervirtieron la doctrina original y se enzarzaron en luchas sin cuartel, creyendo que así abrían las puertas del paraíso.
    Hay una razón más que sumar a las anteriores para explicar el desencadenamiento de las guerras. Es la existencia de la injusticia en las relaciones humanas puesta de manifiesto en la desigualdad social que sume a mucha gente en el desamparo en tanto una minoría no cesa de acumular riqueza sin saber como emplearla, por pura codicia. Esta inequidad genera resentimiento, envidia y odio, fuentes a su vez de violencia, que puede estallar de forma súbita en cualquier momento. Es un hecho incontestable que la paz solo puede ser auténtica como fruto de la justicia y sin ella todo equilibrio es inestable y todo acuerdo es provisional.
    Aun puede aducirse una nueva causa de la ruptura de la paz. Es la pulsión identitaria que se basa en inventar diferencias étnicas y en ellas está el origen de los nacionalismos, los cuales se alimentan de victimismo y acusan a otros de los males propios, siguiendo la vieja costumbre de buscar chivos expiatorios.
    Si fuéramos conscientes de las ventajas que se derivan de una situación de paz, la sociedad tendría que poner más empeño en preservarla comenzando por fomentarla en la educación. Suena a ironía que existan academias militares para hacer uso de la fuerza y ninguna escuela que enseñe como evitarla. Que tengamos un ministerio de defensa (antes llamado de guerra) pero no un ministerio de paz. Algún día tendrían que invertirse los términos como sería propio de una sociedad abierta, libre y sana.
    Si alguien acometiese la tarea de comparar las virtudes y defectos, los costes y beneficios de guerra y paz quedaríamos asombrados del desequilibrio y más aun del trato asimétrico que dispensamos a una y otra. Salta a la vista que la guerra es la negación de todos los valores, produce muerte, destrucción y miseria. Genera odio y abre heridas que necesitarán muchos años para cicatrizar.
    Incluso desde el punto de vista económico, los costes de un conflicto armado están a años luz de los que se ocasionan en un período de paz. En tiempos normales se aplica el funesto principio “si quieres la paz, prepara la guerra”, copiado de los romanos, y como consecuencia, en tiempos normales se gastan ingentes cantidades de dinero en fabricar o comprar artefactos militares (en la jerga militar sistemas de armas) que pasado un tiempo quedan obsoletos y entonces vuelven a exigir nuevos gastos para su achatarramiento. Y que terminen como escombros, es lo mejor que se puede esperar. En el caso de que fueron aplicados a su finalidad propia, para matar, al coste de adquisición habría que sumar el de mantenerlos operativos y el de los proyectiles, cuyo precio es enormemente elevado.
    Ciñéndonos al caso de España, en 2010 el Gobierno aprobó un plan comprensivo de diecinueve programas para compra de armamento cuyo importe rondaba los 30.000 millones de euros que vino a agravar la situación provocada por la crisis. Como muestra del precio de adquisición, un avión de combate EF-2000 cuesta 135 millones de euros.

sábado, 23 de enero de 2016

Estado de bienestar decreciente



    Una vez eliminado el miedo al socialismo tras la caída del muro de Berlín  y la implosión de la Unión Soviética, los neoliberales vieron el campo libre de obstáculos para comer terreno a la socialdemocracia, la cual reaccionó plegándose a los planteamientos de  sus adversarios reduciendo la dimensión del Estado de bienestar y recortando sus prestaciones sociales. La globalización imparable vino a proporcionar un arma nueva a los planes conservadores. Al poner en competencia a los trabajadores de los países en desarrollo con los amparados por legislaciones protectoras, van fagocitando las ventajas de que gozaban estos últimos, con la amenaza de deslocalizar las fábricas si los sindicatos no se avenían a las exigencias de las empresas y aparcaban sus reivindicaciones. Esta estrategia la aplicó primero Alemania hace diez años, por obra del primer ministro Gerhard Schroeder para vergüenza de su partido, el SPD. Y, como potencia dominante de la UE, presionó para que otros Gobiernos copiaran las mismas recetas, entre otros al de España que, obediente, reformó con seminocturnidad el artículo 135 de la Constitución para garantizar el pago de la deuda externa.
    El objetivo es privar al Estado de recursos y facultades. A tal efecto se privatizan las empresas nacionales en beneficio de los grandes inversores, se liberalizan las condiciones laborales y se rebajan los impuestos directos.
    Como el aumento del paro a que dio lugar la crisis pone en peligro el sistema público de pensiones, el poder financiero ofrece a las clases medias sistemas de seguros médicos y planes de pensiones, olvidándose de las clases populares que no interesan a la iniciativa privada por no ser fuente de negocio al no tratarse de demanda solvente.
    De ésta se encargaría el Estado cubriendo las necesidades en un grado mínimo, compatible con baja presión fiscal. Se trata de romper el principio de solidaridad que está en el ADN del socialismo.
    La llegada de la crisis en 2008 vino a acelerar el proceso neoliberal. El paro se incrementó exponencialmente, se despidió a buena parte del personal de sanidad y educación, la reforma laboral fue una estocada a los derechos de los trabajadores, subió el IVA del 18% al 21%, se congelaron las pensiones y el salario mínimo, y se difundió el copago farmacéutico.
    Como consecuencia del injusto reparto de las cargas, hemos pasado de un Estado de bienestar incipiente al Estado de malestar, con una situación de emergencia que si no terminó en alteraciones del orden se debió en gran parte a la red familiar y a la economía sumergida. Todo lo cual no pudo evitar una profunda desigualdad social y el crecimiento de la pobreza severa. En situaciones de esta índole, la frase que se atribuye a Goethe “prefiero la injusticia al desorden” pierde su sentido, ya que es difícil imaginar mayor desorden que el que representa la injusticia social.

domingo, 17 de enero de 2016

Buenas y malas noticias



Estamos tan habituados a que los medios de comunicación nos abrumen con relatos tristes, dramáticos o espeluznantes, que escucharlos o leerlos semeja un acto de masoquismo. Por ello reconforta el ánimo cuando, de tarde en tarde, se filtra alguna noticia refrescante que habla de amor al prójimo, de altruismo, de sacrificada entrega a los demás para recordarnos que el mundo en que vivimos es más que un páramo agreste donde solo suceden historias sórdidas y pasiones desatadas.
    El mundo está lleno de noticias buenas y malas, pero los medios de comunicación se empeñan en dar preferencia a las que interrumpen la normalidad, las que sorprenden por su imprevisibilidad, las que desafían nuestra capacidad de asombro. Que cada día aterricen puntualmente centenares de aviones que surcan los aires, a nadie interesa, pero que uno de ellos se estrelle o se incendie, causa impacto. Tal inclinación tremendista  por lo negativo  proviene de la literatura que nos han  regalado y siguen  regalándonos historias truculentas de amores desgraciados entre los que es inevitable mencionar a los amantes de Teruel, Abelardo y Eloisa, Romeo y Julieta, Werther, Ana Karenina, etc., en tanto que los idilios que han hecho felices a los amantes son sistemáticamente silenciados. No pretendo que se oculten o se silencien las desgracias, maldades y perversiones que tanto abundan. Solo deseo que los “mass media” busquen y publiquen con el relieve debido las buenas acciones que afortunadamente se dan incluso en situaciones donde la maldad se hace evidente. Así ocurre en un caso de rabiosa actualidad como es el éxodo de los que huyen de la guarra civil en Siria que sufren el rechazo y el trato inhumano de los traficantes de personas en su marcha hacia un país donde piensan ser bien acogidos. Es una triste realidad que debemos conocer, pero tampoco deberíamos ignorar la abnegada actuación  de ciertos colectivos como la Cruz Roja y diversas ONG que se desviven por mitigar el dolor  de los refugiados que lo abandonan todo para salvar la vida a riesgo de perderla en la travesía.
    Se considera como un dogma de fe que las buenas noticias no venden porque la bondad es aburrida. Esta opinión es avalada por los sociólogos de la comunicación al sostener que el mal tiene más posibilidades audiovisuales. ¿Tendremos, de verdad, tan embotada nuestra sensibilidad? De ser así, cabría preguntarnos que hacemos para evitarlo.
    Nadando contra corriente, un profesional de la información, el periodista Julio Campuzano, fallecido el pasado año, que dirigió el rotativo bilbaíno “Hierro”, al jubilarse en 1993 tuvo la feliz iniciativa de fundar una agencia de noticias positivas que transmitiría gratuitamente. Ignoro la suerte que corrió el proyecto, pero ciertamente, merecía el mayor de los éxitos.
    No siempre somos conscientes de que muchas acciones encomiables pasan desapercibidas. Sirva de ejemplo la concesión de los premios Príncipe de Asturias 1998 a siete mujeres que trabajan abnegadamente por sus semejantes, hambrientas de paz y justicia, y que sin embargo, hasta ese momento eran desconocidas por lo que solemos llamar “el gran público” debido a que su heroica labor no se realiza a la luz de los focos televisivos. Sus nombre merecen ser conocidos y recordados. Helos aquí; la mozambiqueña Graca Machel, la argelina Fatiha Badiaf, la guatemalteca Rigoberta Menchú, la sierraleonesa Olayinka Kos-Thomas, la afgana Fatana Ishaq, la somalí Somaly Man y la italiana Emma Bonino.
    Por el contrario, no merecen la atención que se les dedica a las aventuras y desventuras de personajes como Correa, Díaz Ferrán, Granados, Rato y determinados sindicalistas andaluces que nada pueden mostrar que sea digno de imitación. La sociedad necesita descubrir valores éticos que la alejen del egoísmo, la violencia, la avaricia y la barbarie y por ello sería deseable que los medios informativos no abdicasen de su función educadora, mostrándonos que en la jungla humana también crecen y trabajan seres bienhechores que con su ejemplo mantienen viva la esperanza de que en el mundo no todo está perdido.

lunes, 11 de enero de 2016

Adecentamiento político



    Como consecuencia del profundo descrédito que ha caído sobre la política y sobre quienes de ella viven, se ha puesto de moda el tema de la regeneración que ambos precisan.
    Basta echar un vistazo a lo que aparece en las ofertas electorales y lo que se ejecutó en la práctica para comprender que las quejas y el disgusto de los ciudadanos están más que justificados. Si a ello añadimos los repetidos escándalos de corrupción, se hace evidente la urgencia de sanear la política mediante acciones legislativas que prevengan el delito, y en su caso, castiguen a los infractores. En esto, con ligeros matices,  coinciden todos los partidos, incluso los que más han sufrido sus zarpazos, pero corresponde al nuevo gobierno que salga de las elecciones adoptar las medidas oportunas , no para erradicar la perversión, que es imposible,  pero sí frenarla, hacerla más arriesgada, y sobre todo,  que no quede impune.
    Habrá que aprobar normas que garanticen la claridad, transparencia y responsabilidad que venzan la tentación de la codicia de quienes tienen a su cargo la gestión de los caudales públicos. La tarea es enorme y su dificultad recuerda las hazañas de Hércules de limpiar las cuadras de Augias. De su éxito depende que arraigue la democracia y de que el régimen tenga medios y los aplique para perseguir y corregir la administración culposa de los dineros de todos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que los políticos a quienes hemos elegido sean tan honrados como nos hicieron creer al postularse.
   Sin necesidad de implicar la reforma de la Constitución, que sería para largo, he aquí algunas medidas que contribuirían a devolver la confianza que debe presidir la relación entre gobernantes y gobernados, representantes y representados.
1.     Imponer la democratización interna de los partidos como establece la Carta Magna.
2.     Reformar la ley electoral para que los votos tengan el mismo valor.
3.     Reformar la ley de Indulto de 1907, de forma que impida su aplicación a políticos corruptos.
4.     Suprimir los aforamientos.
5.     Aprobar una nueva ley de financiación de los partidos  y de sus fundaciones.
6.     Clarificar y refundir los ingresos de los políticos con supresión de toda clase de privilegios para que les haga sentirse servidores públicos.
7.     Limitar a dos los mandatos políticos.
8.     Elaborar un protocolo que establezca condiciones y restrinja los desahucios.
9.     Reducir las prestaciones de presidentes autonómicos y nacionales, de forma que sea incompatible el cobro de la pensión con otros ingresos iguales o mayores.
10.   Legislar de forma restrictiva la utilización de las “puertas giratorias”.
11.   Reducir drásticamente el número de asesores. Su labor debe ser desempeñada por los empleados de los cuerpos técnicos.
12.   Prohibir que un político pueda ejercer más de un cargo.
    El cumplimiento de estas medidas no representarían ninguna revolución, pero su plasmación sería un paso adelante en dirección a un Estado más decente en el que los políticos fueran parte de la ciudadanía y no ponerse a mayor altura que los demás.

sábado, 2 de enero de 2016

Las dueñas del mundo



        En los países desarrollados nos enorgullecemos de vivir en democracia, y así es en efecto, pero es menester aceptar que es harto imperfecta, si bien, de donde no existe, es mejor no hablar, porque la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos brillan por su ausencia.
    Creemos que nuestros gobernantes tienen toda la legitimidad por haber sido elegidos por nosotros, sino todos, la mayoría, mas no somos conscientes de que tras las apariencias se extiende una serie de poderes ocultos, los llamados “poderes fácticos” (financiero, militar, religioso, etc.) sobre cuyas actuaciones no ejercemos control alguno, a pesar de que influyen poderosamente en nuestras vidas. Sus órganos de decisión adolecen de legitimidad democrática. Un ejemplo lo constituyen organismos públicos cuyos máximos representantes son nombrados por el Gobierno de turno (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Competencia, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, RTVE, etc.) Tampoco la jefatura del Estado debe su origen a la voluntad expresada del pueblo en el que reside la soberanía nacional sino al derecho de herencia.
    Hay otros entes que, sin ser públicos, ejercen notable poder sobre nuestro bienestar, y no tienen otros objetivos que los que ellos se marcan, consistentes en dominar los mercados para actuar monopolísticamente y así maximizar sus beneficios.
    Me refiero a las grandes empresas internacionales cuyas dimensiones son proporcionales a su capacidad de presión sobre los Gobiernos a fin de que adapten la legislación a los intereses de las mismas.
    En 1983, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Consumo y el Desarrollo (Cnuced) llamó a las cien mayores “las dueñas del mundo”, y desde entonces nada ha cambiado ni han dejado de crecer por evolución natural y a través de fusiones y adquisiciones. Su valor bursátil que en 1993 era de 8,8 billones de dólares pasó a 16,19 billones en 2015, es decir, más de quince veces el PIB de España y más que lo que producen cada año Estados Unidos o la UE.
    Desarrollan su actividad en el mundo entero en los más diversos sectores económicos, poseen varios billones en activos en el extranjero y dan ocupación a millones de trabajadores.
    El dictamen a que llegó la Cnuced hace 32 años no deja lugar a dudas: “Se está formando un mercado mundial de empresas. Las compras y ventas de compañías internacionales alcanzan una amplitud sin precedentes”. A medida que aumenta la concentración disminuye la competencia, principio básico del libre mercado, porque cada vez es menor el número de sociedades que se reparte el control de los mercados mundiales. Frente a la dimensión planetaria de las empresas, la Cnuced avisa que “las autoridades nacionales apenas pueden hacerse entender”.
    Como era de temer, las conclusiones de la ONU cayeron en saco roto debido a la presión de las multinacionales que siguen creciendo de forma imparable. Para comprender su tamaño digamos que la capitalización bursátil de dos de ellas, norteamericanas, Apple y Google, supera el PIB de España, es decir, más de un billón de euros.
    Ser la primera en su sector significa acumular economías de escala, dificultar la entrada de nuevos competidores, crecer en cuota de mercado e imponer la línea de precios. Evaluar el poder de estos grupos es imposible, pero no intuir su capacidad de presión frente a las autoridades nacionales, sobre todo si éstas pertenecen a un país en desarrollo, ansioso de incrementar las inversiones productivas que creen puestos de trabajo. Si un Gobierno no se pliega a sus intereses, amenazan con la deslocalización a otros lugares con salarios más bajos y leyes más permisivas. España, y Vigo en particular, sufrieron recientemente ensayos de esta conducta. Al amparo de la crisis, la industria automovilística exigió y obtuvo una rebaja salarial bajo la amenaza de que en caso contrario, no se fabricarían nuevos modelos. ¿Podrían negarse los sindicatos?
    ¿Cómo frenar el ascenso de estos poderes ocultos? Siendo expresión del neoliberalismo vigente, las democracias, que serían las llamadas a poner freno a sus excesos, no han puesto esta tarea en su diana, como no lo han hecho tampoco respecto de la eliminación de los paraísos fiscales, colaboradores esenciales del auge de las multinacionales y de otras organizaciones al margen de la ley. No es un detalle menor que en EE.UU. reside  el 50% de las cien primeras y ese país aprovecha  la colaboración de las tecnológicas para recopilar información sensible útil a los servicios secretos, con flagrante violación de la privacidad de las comunicaciones.