Una vez
eliminado el miedo al socialismo tras la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, los
neoliberales vieron el campo libre de obstáculos para comer terreno a la socialdemocracia,
la cual reaccionó plegándose a los planteamientos de sus adversarios reduciendo la dimensión del
Estado de bienestar y recortando sus prestaciones sociales. La globalización
imparable vino a proporcionar un arma nueva a los planes conservadores. Al
poner en competencia a los trabajadores de los países en desarrollo con los
amparados por legislaciones protectoras, van fagocitando las ventajas de que
gozaban estos últimos, con la amenaza de deslocalizar las fábricas si los
sindicatos no se avenían a las exigencias de las empresas y aparcaban sus
reivindicaciones. Esta estrategia la aplicó primero Alemania hace diez años,
por obra del primer ministro Gerhard Schroeder para vergüenza de su partido, el
SPD. Y, como potencia dominante de la UE, presionó para que otros Gobiernos
copiaran las mismas recetas, entre otros al de España que, obediente, reformó
con seminocturnidad el artículo 135 de la Constitución para
garantizar el pago de la deuda externa.
El objetivo
es privar al Estado de recursos y facultades. A tal efecto se privatizan las
empresas nacionales en beneficio de los grandes inversores, se liberalizan las
condiciones laborales y se rebajan los impuestos directos.
Como el
aumento del paro a que dio lugar la crisis pone en peligro el sistema público
de pensiones, el poder financiero ofrece a las clases medias sistemas de
seguros médicos y planes de pensiones, olvidándose de las clases populares que
no interesan a la iniciativa privada por no ser fuente de negocio al no
tratarse de demanda solvente.
De ésta se
encargaría el Estado cubriendo las necesidades en un grado mínimo, compatible
con baja presión fiscal. Se trata de romper el principio de solidaridad que
está en el ADN del socialismo.
La llegada
de la crisis en 2008 vino a acelerar el proceso neoliberal. El paro se
incrementó exponencialmente, se despidió a buena parte del personal de sanidad
y educación, la reforma laboral fue una estocada a los derechos de los
trabajadores, subió el IVA del 18% al 21%, se congelaron las pensiones y el
salario mínimo, y se difundió el copago farmacéutico.
Como
consecuencia del injusto reparto de las cargas, hemos pasado de un Estado de
bienestar incipiente al Estado de malestar, con una situación de emergencia que
si no terminó en alteraciones del orden se debió en gran parte a la red
familiar y a la economía sumergida. Todo lo cual no pudo evitar una profunda
desigualdad social y el crecimiento de la pobreza severa. En situaciones de
esta índole, la frase que se atribuye a Goethe “prefiero la injusticia al
desorden” pierde su sentido, ya que es difícil imaginar mayor desorden que el
que representa la injusticia social.
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