domingo, 24 de abril de 2016

Anarquía de retribuciones



 Aun cuando el famoso eslogan acuñado por Fraga de que España es diferente pasó a mejor vida, ciertamente es un país de características singulares que rayan en la anarquía. Díganlo si no, el número de  comunidades autónomas con sus gobiernos, parlamentos, himnos, banderas y un largo etcétera.
    El Estado de las autonomías ha dado variedad y riqueza de matices a nuestro entramado político y administrativo,  somos diferentes en la manera de gobernarnos y en la manera de entendernos: cuatro lenguas oficiales y otras a la espera de ser reconocidas como tales (el valenciano y el bable, por ejemplo).
    La democracia es un juguete caro y además  desajustado. Cierto es que los demás sistemas políticos conocidos tienen similares inconvenientes y carecen de las ventajas inherentes al sistema democrático.
    Como la cosa no podía quedar ahí, la multiplicidad se trasladó a donde más duele, es decir, al dinero que cada uno percibe por su trabajo o profesión al servicio de la Administración, sin que importe respetar el principio de igual salario por la misma tarea. Una anomalía que sufren en sus carnes las mujeres, injustamente discriminadas en el terreno laboral.
    Debido a la proliferación de tanto ente autonómico que legisla “pro domo sua” (perdón por el latinajo), o sea, en beneficio de sus miembros elegidos o servidores contratados, como hacen los partidos, cada autonomía, diputación o ayuntamiento establece las remuneraciones de sus cargos y así tenemos diputados autonómicos, diputados provinciales, alcaldes y concejales que por sus sueldos podríamos clasificar de primera o de segunda, y no es raro el caso de un regidor que cobra más que el presidente de una comunidad; alguno de estos que ingresa más que un ministro e incluso más que el presidente del Gobierno, y presidentes de organismo oficiales que devengan sueldos superiores a los del presidente del Gobierno  y de un ministro juntos. Todo un desbarajuste. Y no se crea que esto obedece a un determinado criterio objetivo cuantificable; simplemente, la diversidad depende de la capacidad normativa que la ley otorga a quien decide al respecto.
    Si de los cargos políticos pasamos a los funcionarios públicos, vemos que, cambian de unos a otros organismos las percepciones en cantidad y calidad. A juzgar por su sueldo, no es lo mismo ser policía nacional que ser ertzaina vasco o mosso d’escuadra catalán.
    La disparidad se agranda  tratándose de la plaza de soldado voluntario  en relación con otros uniformados, cuya labor lleva implícita la disposición  a dar la vida por la bandera que ha jurado defender. No es extraño que a poco de implantarse  el servicio militar voluntario hubiera dificultades de reclutamiento y hubo que recurrir al empleo de la mujer y de extranjeros. Solo el aumento del paro facilitó la oferta de candidatos, pero no parece que el entusiasmo aumente en circunstancias de mayor empleo.
    Los agravios comparativos son mucho mayores en las grandes empresas, donde las diferencias retributivas  entre los más altos ejecutivos y el salario  medio  se disparan, pero nos movemos en el reino de la iniciativa privada  cuya ley fundamental es la oferta y la demanda que los gobiernos respetan religiosamente aunque aquéllas tengan pocas coincidencias con la moral.

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