No trato de un particular con mucho dinero
que de repente abomina de él y lo reparte al azar en la calle sino del que los
políticos malgastan en obras suntuarias, redundantes o simplemente
innecesarias.
En el pasado mes de marzo, el
presidente del Eurogrupo y exministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem,
declaró a un diario alemán que los países del sur de la UE no pueden gastar su dinero en
vino y mujeres y pedir luego ayuda (a los del norte). Tales palabras irritaron
sobremanera a españoles y portugueses que se dieron por aludidos. Semejantes afirmaciones
fueron impertinentes, pero es cierto que se han malgastado cantidades
superiores en inversiones fuera de lo posible, económicamente hablando.
Aun cuando el derroche en inversiones
improductivas afecta a todo el país, ciñéndome a la autonomía gallega, por ser
en la que vivo y la que mejor conozco, los ejemplos salen al paso y se
multiplican.
Las inversiones disparatadas suelen tener
como origen el propósito de gobernantes locales, bien sea por halagar a sus
vecinos con construcciones de carácter preferentemente cultural o deportivo que
facilite los votos necesarios para ser reelegidos en la próxima convocatoria.
Otras veces, el impulso inicial proviene de imitar a un colega para no ser
menos que otra villa o ciudad donde el regidor de turno haya tomado la
iniciativa.
Estos proyectos, al plasmarse en la
realidad conllevan dos efectos negativos: dañan el presente e hipotecan el futuro.
Por un lado incurren en costes de oportunidad por cuanto al dedicar recursos
escasos a un determinado fin, impide atender otras necesidades que podrían ser
prioritarias; por otro, la ejecución de tales proyectos comporta un elevado
gasto que puede endeudar a la
Administración y la obliga a asumir los de mantenimiento,
independientemente de que se realice mucha, poca o ninguna de las actividades
que estaban previstas. En este tipo de gastos predominan los de personal, los
cuales son de difícil extinción al estar amparados por contratos laborales.
Lo que se repite casi siempre en las grandes
inversiones es que no van precedidas de
adecuada planificación que garantice la capacidad económica del organismo
público para afrontarlas, que estaban justificadas por la demanda de la
población y que se habían previsto los ingresos futuros para su sostenimiento.
Ejemplo paradigmático de obra faraónica sin
uso definido que reúne todos los atributos negativos, es la llamada “Ciudad de
la Cultura” en Santiago, todavía inconclusa después de varios lustros de su
comienzo. Su construcción, que ya consumió
cientos de millones de euros, se llevó a cabo por inspiración y capricho
del a la sazón presidente autonómico, Manuel Fraga, que tuvo la mala suerte de
morir sin ver concluido su mausoleo. Y lo que es peor, sigue sin saberse a qué
dedicarla.
Gracias al crecimiento de los impuestos derivados
de la burbuja inmobiliaria y a la cofinanciación de la UE, se echó a volar la
imaginación. Se empezó por las universidades creando siete campos en otras
tantas ciudades multiplicando las titulaciones sin un plan lógico de
distribución territorial. Se había producido antes la triplicación de
aeropuertos, separados entre sí por 50 km. de autopista; todos deficitarios. Más
tarde, a raíz del hundimiento del petrolero “Prestige” y la consiguiente
catástrofe ecológica, se decidió la construcción de un superpuerto de refugio
en Langosteira (A Coruña) para competir con otro preexistente en Ferrol
aumentando innecesariamente los costes operativos.
En cuanto a las diputaciones y
ayuntamientos, no se quedaron atrás. Merced al aumento de la recaudación, tenemos
siete palacios de congresos y recintos feriales, cerrados la mayor parte del
año, dos grandes orquestas filarmónicas en Santiago y A Coruña, y el territorio
sembrado de campos de fútbol, muchos de ellos con césped artificial, piscinas públicas
climatizadas o no, polideportivos, auditorios, etc. con un bajo porcentaje de
utilización.
Para sus promotores, lo importante es que
se hable de ellos durante la solemne inauguración, Después vendrá el
endeudamiento de la Xunta,
diputaciones y ayuntamientos. Ancha es Castilla, que el rey paga, como se decía
en tiempos pasados.
Como los medios disponibles son escasos y
las necesidades ilimitadas, el sentido de la responsabilidad de los gobernantes
aconseja establecer un orden de prioridades, huyendo de improvisación,
caprichos y megalomanías, así como administrar con rigor los impuestos de los
ciudadanos.
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