Cuando se trata de exigir derechos, lo normal es que
nadie se quede corto; bien al contrario, todos tendemos a ampliar los
constitucionales, especialmente si de prestaciones económicas se trata.
Queremos que sean generosas y de fácil disponibilidad. Que el Estado sea un
buen pagador. Pero el Estado no es una especie de mago capaz de multiplicar los
recursos. En realidad es solo un administrador de los medios que recauda.
Cuando se le pide una prestación, se la estamos haciendo a todos los españoles.
Este planteamiento que es de una claridad meridiana,
no siempre guía la actuación de los ciudadanos, lo que evidencia una falta de
conciencia social. Solemos pedir a la Administración gastos sin límite y a la
vez, hacemos cuanto sea o pueda parecer legal para restringir nuestras
obligaciones con ella.
Semejante trato diferenciado se pone de relieve en
numerosas ocasiones. A título de ejemplo, si para construir una vía pública hay
que expropiar una determinada parcela cuyo propietario apenas se acordaba de
aquel monte a matorral, de repente adquiere un valor como si en él se criasen
trufas, y exige una indemnización correspondiente, aun a costa de interponer
cuantos recursos permita la ley para imponer su criterio.
Si esta persona. por ser fumadora, contrajese un
cáncer de pulmón, consideraría normal y justo que tanto las operaciones
quirúrgicas como el tratamiento quimioterápico o radioterápico y los más
recientes medicamentos sean de calidad y totalmente gratuitos.
Bien es verdad que la contraparte –Hacienda- no es
ajena ni inocente de que la mentalidad insolidaria exista en la realidad. Al
contrario, se la acusa con razón de prácticas en las que la ética brilla por su
ausencia, tanto por lo que se refiere a la recaudación como a la equidad de las
operaciones del gasto público,
El honrado contribuyente que cumple a rajatabla sus
deberes tributarios se siente ofendido y maltratado cuando el Gobierno autoriza
una amnistía fiscal que premia a defraudadores y evasores, con posibles cuentas
en paraísos fiscales.
Este mismo contribuyente se rebela contra el empleo
perdido de 60.000 millones de euros en el rescate de las cajas de ahorros que el
Banco de España acaba de anunciar con la tranquilidad de que el asunto no va
con él. Como si nada hubiera tenido que ver con él el descalabro. Las mismas
entidades que incluían en sus hipotecas la cláusula suelo y la negativa a
reconocer el derecho a la dación en pago.
A quien abona puntualmente sus cargas fiscales tiene
que parecerle acertado que el ministro de Hacienda haga pública la lista de
personas que hicieron de alarde fortuna y siguen viviendo en la abundancia
mientras se olvidan de pagar sus impuestos, originando en conjunto una deuda de
superior a 15.400 millones de euros a cargo de más de 4.540 morosos. Inevitablemente
surge la duda de si Hacienda hace uso de los medios que tiene a su alcance para
hacer efectivo el cobro de la deuda. Al parecer, tener un elevado nivel de vida
no es incompatible con adeudar millones de euros.
La enseñanza que todos podemos extraer de lo antedicho
es que el Estado y la ciudadanía tenemos mucho que mejorar en beneficio común
porque todos formamos parte de la sociedad.
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